Bajo el título Presunción de inocencia, Informe Semanal intentó este sábado culpar a la presión mediática de la muerte de Rita Barberá, siguiendo el discurso instaurado por el propio Rafael Hernando en RNE de España hace apenas unos días. Una acusación hacia los medios de comunicación que se le ha dado la vuelta cuando todos ellos se han echado encima de este radical punto de vista del programa de TVE.
Con la muerte de la ex alcaldesa de Valencia como telón de fondo, el programa no puso el foco en ningún momento en la presión sufrida por su propio partido político, que la dio de lado en sus últimas semanas y fue apartada de los principales órganos del PP. Sí que criticaron que los medios de comunicación se saltasen el principio de la presunción de inocencia y criticasen sus actuaciones antes de haber sido juzgada.
El programa entrevistó incluso al jefe de cardiología del Hospital Universitario La Paz, José Luis López-Sendón, para hablar de cómo la presión hizo que le diese el infarto que le produjo la muerte. “Un trágico desenlace que reabre las garantías del derecho a la presunción de inocencia y a la llamada pena del telediario”, aseguraban una voz en off en el reportaje.
También se paseó por el programa el ministro de Justicia Rafael Catalá, gobernante popular que no dudó a la hora de señalar a los medios de comunicación como los causantes de la muerte de una persona. “Es una llamada a la responsabilidad de todos, a la necesidad de utilizar las máximas garantías y el máximo respeto a la presunción de inocencia”, dijo el ministro.
Todas las entrevistas buscaron culpar a los medios de comunicación, obviando el hecho de que Rita Barberá había sido apartada de su puesto y de que sus propios compañeros de partido habían dado la espalda a la ex alcaldesa. “Muchos medios de comunicación buscan más el impacto que lo importante”, respondió Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España. “Se trata de buscar audiencia ofreciendo unas informaciones con un grado de teatralidad, de sensacionalismo y amarillismo”, continuó.
“Conviene distinguir entre la responsabilidad política y la penal, cuyos tiempos habitualmente no coinciden”, adelantaban desde Informe semanal. “La admisión a trámite de una querella no puede llevar consigo la exigencia de responsabilidades porque no hay nada acreditado en ese momento. Si ya se le otorga la condición de encausado como dice la última reforma que hicimos, ya se abre un juicio oral y se pueden exigir responsabilidades. Anticipar ese punto es excesivo y prematuro”, declaró durante el reportaje Rafael Catalá. “Hasta que no hay una resolución final no deberíamos nunca, ninguno, llegar a conclusiones”, dijo el ministro.