Gustavo González y Diego Arrabal tendrán que pagar 265.000 euros a la periodista Mariló Montero por captar unas fotografías suyas en Las Maldivas y Bora-Bora, así como por cuestionar su orientación sexual al hablar de la amiga que la acompañaba en el segundo destino.
El Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid ha condenado a la agencia Código Press, perteneciente a la compañía Diegus S.L., de la que Arrabal y González son propietarios, a pagar dicha cantidad a la presentadora por vulnerar su honor, su intimidad y su propia imagen, según ha adelantado El Confidencial.
La empresa de los paparazzi también tendrá que entregar 75.000 euros a la amiga de Mariló que la acompañaba en esa escapada en la que fueron fotografiadas en topless en la playa.
La cifra total, 340.000 euros, convierte esta indemnización en una de las mayores cuantías ordenadas por intromisión ilegítima en la intimidad y el honor. Además, los dos colaboradores televisivos tendrán que pagar 90.000 euros por la "publicación de las falsas insinuaciones sobre su condición sexual en medios de comunicación", según consta en la sentencia.
Mariló Montero denunció los hechos al enterarse de que estaban intentando vender sus fotos.
Las imágenes por las que se ha juzgado a ambos paparazzi fueron captadas por la agencia en 2014 en Las Maldivas, donde Mariló se encontraba junto a sus hijos; y en 2015 en Bora-Bora, destino al que la periodista viajó junto a una amiga.
La condena prohíbe difundir las imágenes que han sido objeto de esta denuncia y, además, ordena la destrucción en todos los soportes de las fotografías en las que aparece la acompañante de la presentadora.
Las fotos de Bora-Bora nunca llegaron a ver la luz porque Montero denunció a la agencia al conocer que estaba tratando de venderlas. Sin embargo, la compañía de Arrabal y González sí describió el contenido de esas imágenes a varios medios en los que, según se recoge en la sentencia, "se hacían insinuaciones sobre la condición sexual de la actora y por ende de su acompañante".
Gustavo, colaborador de Sálvame, y Diego, tertuliano en Viva la vida, aseguran en su defensa que las imágenes fueron captadas en lugares públicos y que "nadie de la agencia ni de su entorno ha efectuado manifestaciones públicas sobre la existencia de las fotos, ni afirmación, insinuación o manifestación alguna que pudiese ser considerada humillante o que afectara al honor de la actora".
La defensa de los paparazzi expone, además, que la periodista no denunció en su momento las fotos de Maldivas, que sí llegaron a ser publicadas en Lecturas.
A pesar de los argumentos de los acusados, el magistrado ha concluido que Mariló Montero "no debe soportar una persecución sobre su persona destinada a la captación de su imagen en momentos de su estricta esfera privada, carentes del más mínimo interés público, para comercializar con su imagen".