Ya cuarteado el siglo XXI contemplamos con preocupación la carencia de políticos democráticos en la Unión Europea capaces de abordar los verdaderos retos que este tiempo pone ante nosotros. Entre ellos, al que hoy me referiré, los flujos masivos de población, uno de los principales desafíos derivados de la globalización.
Los movimientos masivos de migración que tensionan nuestros países provocan la aparición de partidos extremistas, a izquierda y derecha, que polarizan políticamente nuestra existencia. Esta patata caliente requiere una política europea capaz de gestionar la presión que ejercen las mafias de personas y sus redes y que, más allá de Frontex, la agencia europea que lucha contra estos flujos de población que tratan de acceder ilegalmente al territorio europeo, apueste por una política exterior única para canalizar estos flujos legalmente, y tenga capacidad de procesar, en colaboración con ACNUR, en las zonas de conflicto, y en los países vecinos a estas, donde se desplazan los verdaderos refugiados.
También es muy importante separar, en los movimientos masivos de población, los refugiados de los emigrantes. Dar un tratamiento diferenciado a estos flujos, y procesar en origen y de modo legal, como hacen Canadá o Estados Unidos, es el mejor modo de asegurar que la posibilidad de reasentamiento en terceros países llegue a los más necesitados y a las poblaciones más marginadas, que no son las que disponen de medios económicos para pagar a las mafias del tráfico de personas.
Sólo así se podrían establecer, éticamente, reglas más rígidas, con devoluciones incluidas a los que tratan de acceder ilegalmente a nuestro territorio, que, en general, no son los más necesitados de ayuda.
Esta política migratoria a nivel de la UE debería establecer también unos sistemas de presión mucho más fuertes a los países que propician, ante su incompetencia y/o su corrupción, la salida de emigrantes de sus países como sistema de alivio de sus tensiones internas. Estos suelen ser regímenes autoritarios y/o dictatoriales corruptos, a quienes hay que hacer ver que no se les va a permitir exportar sus problemas internos al exterior. La Unión Europea dispone de múltiples mecanismos de acción para ejercer una dura presión sobre estos regímenes y para fomentar su bloqueo y propiciar su cambio.
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Del mismo modo, hay que verificar cuál es el proyecto migratorio de los migrantes, pues pudiera suceder que en el caso de algunos colectivos estemos asistiendo a un proceso de colonización inversa, cuyo objetivo no sea la integración en el país de acogida, sino la ocupación de un espacio donde tratan de imponer sus reglas del juego. Ideas políticas, religiosas, y culturales excluyentes con la lealtad debida a los valores de las democracias, como el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre hombre y mujer, o la aceptación de la constitución como regla básica de convivencia.
La carencia de una política operativa a nivel europeo, dado el fracaso de los burócratas de Bruselas cuando han tratado de organizar el reparto de refugiados llegados desde Turquía a Grecia, les incapacita para la articulación de la misma, razón por la cual debería crearse un mecanismo mixto, público-privado. Por ejemplo, una colaboración entre representantes políticos de la UE y representantes no políticos, como ONGs, expertos y ciudadanos, elegidos por sorteo, en aquellos lugares que presentan, en su población, una mayor prevalencia migratoria.
El diseño de una política de gestión de flujos, con cuotas claras aplicadas en origen, y de intervención directa con los países que producen estos flujos evitaría hoy que el peso de nuestras acciones, paternalistas o perversas, recaigan directamente sobre las personas que se ven obligadas a emigrar o huir de sus patrias, y sobre los estratos más débiles de la población de nuestros países, pagando en uno y otro caso justos por pecadores.
Idealmente, sería mejor que los migrantes recibieran en origen una información y formación adecuada sobre los países que les van a recibir (como cursos de lengua y cultura) para conseguir un proyecto migratorio razonado, más allá de fantasías o búsquedas del Dorado.
Por último, cabe mencionar que los asilados tienen derecho a crear y ejercer, en los países de acogida, sus propias organizaciones y desarrollar sistemas de presión democrática, en protesta hacia los políticos locales que apoyan a sus regímenes corruptos y hacia los representantes de los países que les expulsaron, como forma de parar las violaciones de derechos humanos que les forzaron a pedir refugio.