Aragón tardará un año en alcanzar el objetivo del 8% de interinos que obliga la UE a final de 2024

Final de 2025 es la fecha que el Gobierno de Aragón se ha marcado como objetivo para alcanzar el 8% de personal interino al que obliga la Unión Europea. Actualmente, la cifra se encontraría en torno al 25% y el deseo es llegar al 20% antes del próximo 31 de diciembre, cuando se debía estar en ese 8%, aunque desde el Ejecutivo se asegura que es una cifra “bastante buena” en comparación con “lo que había”.

Así lo ha expuesto el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, en su intervención ante las Cortes de Aragón, donde ha reconocido el atasco en los procesos de estabilización de plazas de funcionarios. No en vano, en estos momentos, hay 633 personas “ya preparadas” para acceder a su puesto de funcionario de carrera, pero que todavía no pueden entrar a la administración porque tienen prioridad otros procesos selectivos.

Del mismo modo, Aragón tiene, a día de hoy, 211 procesos convocados o estimulados, que supone una movilización de 2.146 personas que accederán como funcionarios de carrera, desplazando a personas que lo ocupan por carácter interino.

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Con el objetivo de acelerar estos procesos, el Gobierno de Aragón tiene previsto aprobar este mes de noviembre la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2024 y, en el primer trimestre, la de 2025, con un “fin fundamental”. “Queremos acumular los procesos del 2023 y 2024 a las del 2025 para, con un solo proceso, agrupar tres. Debemos limpiar lo que tenemos pendiente y darle acceso a 2.500 personas que tienen su plaza ganada para profesionalizar con estabilidad la Función Publica aragonesa”, ha señalado Villacampa.

Asimismo, el director general ha rechazado las acusaciones de mantener “sillas vacías” que han lanzado tanto sindicatos como partidos de la oposición. “Todos los días firmo autorizaciones para contratar interinos y prestar servicios públicos esenciales. El objetivo es que los servicios se presten con máxima calidad. Esa tasa sube todos los días cuando autorizamos nuevos interinos. Y baja cuando tenemos procesos selectivos que hacen que funcionarios de carrera desplacen a los funcionarios”, ha apuntado Villacampa.

Oposición

Ante ello, la oposición ha reconocido el problema para solventar la alta tasa de temporalidad, pero ha exigido medidas para mantener la calidad de los servicios públicos. El socialista Óscar Galeano ha lamentado la “falta de voluntad de negociar” con los sindicatos, así como la toma de “decisiones unilaterales”. “Han tenido que recular la instrucción en mayo cuando todos sabían que había centros que no podían abrir por falta de personal”, ha reseñado.

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De igual manera, Fermín Civiac, de Vox, ha cuestionado la utilidad de algunas plazas que se encuentran vacantes y, sin embargo, el servicio sigue funcionando. “Eso de las sillas vacías, ¿ha sido porque no se podía hacer de otra forma o ha sido deliberado para ahorrarnos dinero? Y, si siguen funcionando, ¿podemos hablar de que hay que revisar algunas RPT y no hacía falta tanto personal en algunos servicios?”, ha preguntado.

Mientras, Pilar Buj, de Teruel Existe, cree que se va a cumplir la normativa con “recortes” y “a costa de reducir los servicios públicos”. El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha propuesto que se “capte talento” de otras administraciones para cubrir algunos puestos. Finalmente, Álvaro Sanz, de IU, ha dudado que se puedan cumplir esas cifras que se han marcado como objetivos, y ha recordado que “hay otras administraciones que han hecho los deberes”.