La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunidad Valenciana ha procedido a la actualización de los datos registrados por el Servicio Nacional de Salud, mediante el cruce de la renta del año 2021.
Como consecuencia de dicha actuación, y dependiendo de los datos registrados en la renta del 2021, "pueden verse afectado el copago farmacéutico de algunos beneficiarios de la Comunidad Valenciana", tal como informa el Colegio de Farmacéuticos en una circular interna.
Así, si en la renta de 2021 se registró "un aumento económico y/o de propiedades en referencia a la renta del 2020, puede verse reflejado en el porcentaje de copago farmacéutico, pasando a ser mayor. Esto podría repercutir en un aumento de su pago en farmacia".
"Si por el contrario, en la renta del 2021 registraron un descenso económico y/o de propiedades en referencia a la renta del 2020, el porcentaje de copago farmacéutico puede pasar a ser menor, por lo que el usuario podría pagar menos en farmacia", agrega.
En concreto, las casillas de la declaración de la renta que se han tenido en cuenta para el cómputo son la de base liquidable general (casilla número 500) y la base liquidable del ahorro (casilla número 510). El resultado final es la suma de las dos casillas, "afectando al copago si suman un total de 18.000 euros o más".
Desde el Colegio de Farmacéuticos indicaron en su circular que "los pacientes que no estén conformes con el cambio sufrido pueden dirigirse al punto de atención al paciente de su centro de salud o consultarlo en el Portal del Paciente de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública" para hacer las reclamaciones pertinentes.
Un problema anual
Estos cambios en el sistema de copago suelen suponer un problema anual para las farmacias, al encontrarse los clientes con que de repente tienen que pagar o incrementar su contribución cuando antes su situación era completamente distinta. Y todo se debe al ajuste que se realiza a través de la declaración de la renta.
Fuentes del sector explicaron a EL ESPAÑOL que lo ideal en estos casos "sería que la Administración autonómica informase a las personas afectadas de su nueva situación", con el objetivo de que no se produjesen sorpresas a la hora de ir a abonar los medicamentos y recoger de oficio las reclamaciones que se tuviesen que plantear.