Sin mascarillas homologadas, sin protección adecuada y con bolsas de basura como remedio. La dureza de las condiciones en las que se atendió la primera oleada de la pandemia en marzo de 2020 pasa ahora a los tribunales. Así, el juzgado de instrucción número 1 de Valencia se encargará de valorar la querella por la falta de medios que se vivió en los hospitales y centros sanitarios en ese periodo del año pasado.
El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, impulsor de esta acción, muestra su satisfacción por la admisión a trámite de este documento dirigido contra la cúpula de la Conselleria de Sanidad. "Esperamos que en la investigación que anuncia el juzgado se diriman las responsabilidades a que haya lugar en derecho", señalan.
En la motivación de esta proceso, el comunicado explica que "no podemos olvidar el sufrimiento que padecieron en primera persona y el de sus familias nuestros compañeros, los cuales deberán ser resarcidos". Ahí destacan que "la primera obligación de cualquier empresa, incluida la Administración, es la de velar por la protección de la salud e integridad de todos sus trabajadores, lo que a nuestro juicio no aconteció".
Esa es la base para esta querella que ha admitido el juzgado. En ella se razona que lo sucedido se puede considerar un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores tipificados en los artículos 316 y 317 del Código Penal. Con esta se pretende determinar quiénes son los responsables de haber infringido la legislación de prevención de riesgos laborales, al haber obligado a trabajar sin las adecuadas medidas de protección.
Falta de previsión
El comunicado sindical recuerda que las condiciones de médicos y personal sanitario durante marzo, abril y mayo no contaban con protección real. Y eso, prosiguen, consideran que se debió "a una total falta de previsión por parte de los cargos directivos responsables de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana".
En ese primer confinamiento, los responsables del Sindicato Médico denuncian que se puso "en grave riesgo su vida e integridad", lo que "dio lugar a situaciones límite, que incluso llegaron a provocar que entre el personal médico y sanitario se produjesen multitud de contagios, llegando a resultados fatales".
Ahora, el juzgado de instrucción número 1 de Valencia lo que tiene que determinar es "la verdadera actuación de Generalitat Valenciana en la pandemia y si la misma pudo incurrir en el delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, respecto a los trabajadores facultativos y sanitarios".
En el auto que cita el Sindicato Médico se especifica que esta nueva querella "es muy concreta y específica, detallada, citando datos determinados, actuaciones del sindicato de requerimientos de entrega de EPI y de las medidas de protección en materia de seguridad laboral a la administración valenciana".
La investigación que abrirán ahora en esta línea las autoridades judiciales ya prevé las justificaciones "en cuanto a la inexistencia de medios materiales y medios económicos". Pero apunta que, "en todo caso", estas son "circunstancias que deberán ser valoradas una vez que se tomen por este Juzgado los primeros datos". Ahí añaden que ya tienen en cuenta las "ya numerosas resoluciones del TS y TSJ sobre la pandemia en el caso de la concurrencia de aforados".