Han estado al frente de la investigación contra la Covid-19 y, sin embargo, continúan a la cola en condiciones laborales. Esta es, en resumen, la situación que atraviesa buena parte de la plantilla de Fisabio, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana que depende del Consell. 

Entre los 400 empleados de esta entidad sin ánimo de lucro, se estima que el 80% es temporal, según explica el comité de empresa a El Español De Alicante. Por este motivo, 40 trabajadores de Fisabio han llevado su situación ante los juzgados de lo social de la Comunitat, pasando de la esperanza inicial al desasosiego en el que se encuentran actualmente. 

Porque tras las dos primeras demandas de dos trabajadores de la fundación que lograron en sentencia que les fuera reconocido el estatus de indefinidos fijos, Fisabio, por orden de la Generalitat, ha ido recurriendo el resto de resoluciones al Tribunal Superior de Justicia, consiguiendo que los magistrados hayan ido fallando a su favor, esto es, evitar la condición de indefinidos fijos, quedando todos los demandantes como indefinidos no fijos. 

O en otras palabras, dejan de ser temporales, en una situación evidente de fraude de ley promovida por la administración pública, pero con varios 'peros'. El principal, es que sus puestos, los que en numerosos casos ocupan desde hace más de una década, pasan a ser ofertados como concurso-oposición, por lo que puede optar cualquier aspirante.

"Hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo pandemia, y la recompensa que recibimos es echarnos a la calle a través del concurso-oposición", señalan fuentes del comité, que reclaman la fórmula del concurso de méritos. "Se está aplicando la doctrina de que somos administración; nos tratan como tal para esto, pero no para el resto de aspectos porque no somos funcionarios ni se nos aplican las normas de funcionarios. 

Un ejemplo de esta situación es que no tienen derecho a la reducción por maternidad (las madres de prematuros pueden ausentarse una hora al día sin pérdida de la remuneración). "Nosotros no podemos acogernos a esta norma porque no somos personal de la administración", revelan. 

Casos concretos

Este periódico ha podido hablar con varias de las personas que están sufriendo el abuso de la temporalidad en el sector público valenciano y en concreto, en Fisabio. Sin querer revelar sus nombres, explican el desgaste que conlleva luchar por unas condiciones laborales dignas. 

"En mi caso, se me hizo un contrato que supuestamente era para atender una obra y servicio de un proyecto de investigación en 2010". Con contratos temporales lleva desde entonces, once años. Durante todo este tiempo la fundación se escudaba en que era para atender "servicios estructurales de la fundación". Ahora, está esperando la sentencia del juzgado de lo social de Valencia ciudad, "pero ya sabemos lo que va a resolver", lamenta. y Así existen casos en las tres ramas de la fundación, la de investigación, la de técnico de laboratorio y la de personal de gestión. 

Respuesta de Conselleria

Preguntada a la dirección de Fisabio, esta remite a la conselleria de Sanidad que se limita a contestar que el departamento de Ana Barceló "se ha ido coordinando con las Fundaciones sanitarias acuerdos para reducir la tasa de temporalidad e incrementar la masa salarial".

En números, cuantifican en 2019 un aumento del 38,8% el incremento del instrumento de la relación de puestos de trabajo (RPT) en fundaciones. "En Fisabio han sido 2 puestos de RPT y se estima que con el incremento de masa salarial de 2020 son unos 4 puestos", concluyen.

Sobre la RPT, el comité de empresa apunta a la conselleria de Hacienda, la cual, es la competente a la hora de autorizar nuevos puestos o incrementarlos. Esta conselleria, sin embargo, a preguntas de este medio, asegura que no depende de ella mejorar las condiciones de los empleados.  

Al final, los empleados de Fisabio consultados se sienten "defraudados" con las tres fuerzas del gobierno valenciano (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) "que cuando estaban en la oposición criticaban el abuso de la temporalidad que sufríamos y que ahora no hacen nada". 

Acuerdo estatal

Precisamente este lunes se alcanzó un acuerdo entre el gobierno central y los sindicatos para acabar con la alta temporalidad en la administración pública, la cual se ha visto acentuada en los dos últimos años a raíz de la lucha contra la Covid-19. Con esta reforma legal, España tiene hasta 2024 para reducir, como le demanda Bruselas, del 28% al 8% la tasa de temporalidad en el sector público.