Un exconcejal delegado de Cementerios del ayuntamiento de Calp (Alicante) se enfrenta a una petición de 13 años de inhabilitación y un año de cárcel por exhumar los restos mortales de un nicho para enterrar en el mismo lugar a la abuela de un funcionario que también está procesado.

El juicio a los dos acusados se celebrará mañana este miércoles a partir de las 9.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante por unos hechos ocurridos entre 2018 y 2019 cuando el concejal contactó con la empleada responsable de la administración del camposanto para informarse sobre uno de los nichos, ubicado junto a los restos mortales del abuelo del funcionario responsable de Personal.

Este último estaba interesado en enterrar a su abuela que estaba enferma y a la que le quedaban pocos días de vida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

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La mujer le explicó que el nicho en cuestión estaba ocupado por un fallecido en el año 1973 que tenía derecho a usarlo a perpetuidad, esto es durante 99 años, pero la fiscalía ha concluido que los dos procesados presionaron a la empleada para que hiciera lo necesario, incluso saltarse la legalidad, para lograr la concesión.

A causa de que la mujer reiteró su negativa para vaciar el nicho y dárselo a la familia del procesado, los dos encausados redactaron una providencia en la que ordenaban la exhumación y la reducción de los restos del ocupante del nicho y su traslado a la fosa común, lo cual hicieron los sepultureros del cementerio para, horas después, enterrar a la abuela recién fallecida del funcionario.

Lo ocurrido, no obstante, trascendió y fue publicado por los medios de comunicación ante lo cual el exconcejal responsabilizó a la empleada del cementerio de la filtración y comenzó a tratarla de una forma hostil y a amenazarla con despedirla o degradarla.

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La fiscalía solicitará inicialmente para cada uno de los dos procesados una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en concurso con un delito contra la memoria de los muertos, y para el concejal pide además un año de cárcel por un delito de acoso laboral.