"No puedo dormir. No tienes paredes, no tienes puertas, no tienes llaves; quien me diga que ha dormido bien la primera noche, no me lo creo. Estás pendiente de todo, de cada ruido, con un cuchillo bajo la almohada por si acaso... y siendo mujer más todavía". 

Este testimonio de una mujer que vive en las calles de Alicante -donde el Ayuntamiento estima que hay unas 190 personas en una situación similar- es uno de los recogidos por la asociación Cometas y Sonrisas para conmemorar que hoy martes se celebra el Día Europeo de las Personas Sin Hogar. 

Se trata de una efeméride que, por caprichos del destino, llega dos días antes de que el pleno del ayuntamiento de la capital vaya a sacar adelante su polémica ordenanza de Convivencia Cívica que penaliza, con multas 3.000 euros, a las personas que viven en la calle.

Y, por si fuera poco, Alicante mira hacia el sinhogarismo justo un año después de que apareciera muerta en su tienda, frente al centro de acogida CAI, Isabel. Una joven de 35 años que había acabado viviendo en la calle y que, en la mañana del 21 de noviembre de 2020, ya no se despertó; había fallecido de muerte natural.  

"Somos personas"

En el vídeo preparado por la pequeña asociación Cometas y Sonrisas se suceden los testimonios de personas con las que trabajan para mejorar su situación. "Me he sentido obligado a estar aquí porque se me acumuló una deuda", señala el primer mendigo. "Cuando me quedé en la calle a los 14 años es otro sentimiento", avanza otra vez, "de que no era culpa mía".

El vídeo, que forma parte del proyecto 'Somos personas', recoge diferentes perfiles de personas sin hogar. Como el que busca reinsertarse, sin éxito: "No me dan trabajo por prejuicios morales y al estar en la calle asearse no es habitual" o exconvictos: "la sensación que más me dolió es cuando salí de la prisión y no vino nadie". Al final, la ONG concluye con una de sus ya conocidas frases, convertida en lema: "No somos mendigos, somos personas".

Porque la mendicidad muchas veces es sinónimo de enfermedad mental, señala su presidenta Paqui Moya. Jose es una de las últimas personas que han ayudado a salir de la calle, junto con Jesús. El primero trabajaba en un restaurante y Jesús era conserje. Pero se torcieron las vidas y han estado 18 meses y dos años y medio, respectivamente, sin levantar cabeza... hasta este verano, cuando han logrado encontrar trabajo y cada uno ha podido alquilar su propia habitación particular.

El albergue  

Recuerda Moya que a ellos, como a otros, tuvieron problemas con el CAI o albergue municipal. "Cuando lo necesitaron, les denegaron la entrada". Esta mujer ha presentado más de 30 escritos al consistorio referentes a 30 personas para que la concejalía de Acción Social les atienda de cara a poder lograr el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Valenciana y que, al carecer de padrón, explica, "se quedan sin ayudas". 

También denuncia que en el albergue no están saliendo los equipos de calle para atender a las personas sin hogar, además de poner restricciones en el espacio que no se contempla en el convenio, el cual, señala, también se incumple al carecer de cursos de reinserción, como marca el texto. 

Sin embargo, todas estas acusaciones son rechazadas por Acción Social. Según la regidora Julia Llopis, se están cumpliendo los términos. Estos pasan por la dotación de dos equipos de calle, uno encargado a Cruz Roja y otro al CAI, con la coordinación de la red de entidades Reapsha, que son los que se encargan de los trámites burocráticos para solicitar las ayudas. 

En total, unas 69 personas "como máximo" caben en dicho albergue, un espacio cuyo "coste anual" supone casi un millón y medio de euros, recuerda la edil del PP. "No podemos hablar de ampliarlo", como si dijo hace unos meses, "sino de mantenerlo a la espera de Conselleria". Se refiere a que el servicio de "viviendas transicionales" por el que se ofrece alojamientos temporales dentro del CAI, "depende del gobierno valenciano y nosotros estamos asumiendo el coste", se lamenta.  

La ordenanza  

Paqui Moya critica que, ante la llegada de la ordenanza antimendicidad, en el candelero desde hace un año "han tenido tiempo para dar oportunidades a la gente para salir de la calle, pero no lo han hecho". 

Las críticas hacia esta norma parten de los tres grupos de izquierdas del consistorio (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) y buena parte de las entidades sociales de la ciudad. "No es una ordenanza sobre la convivencia, es la ordenanza de la vergüenza que pretende penalizar y perseguir las situaciones de pobreza y exclusión de la ciudad", ha señalado la Plataforma Contra la Pobreza de Alicante.