Menuda semana. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a través de varios de sus segundas y terceras espadas, quizás para no hacerse la foto que le perseguiría de por vida, ha conseguido los votos necesarios para su investidura de la semana que viene. Hasta ahí, todo correcto. Es el juego de las mayorías parlamentarias.

Pocos serían los españoles que saliesen a la calla hoy, convocados por el PP (partido que ganó las elecciones) para mostrar su indignación. Si no hubiese en juego otras cosas que el ejercicio del poder ejecutivo a través de una mayoría del legislativo, habríamos vivido lo habitual en los últimos 45 años. Pero esta vez es diferente. Apenas del 16% de quienes reniegan de nuestra Constitución van a cambiarla sin pasar por el preceptivo trámite de conseguir una mayoría de tres quintos de los diputados y senadores en ambas cámaras. Por decreto, como le gusta hacer las cosas a Pedro Sánchez.

Y es que todas las noticias que nos llegan de los pactos del PSOE con esta minoría no suponen como contrapartida la inversión en un aeropuerto determinado o traspasar las competencias de las Cercanías, que ya es grave. Los acuerdos de Sánchez para poder ser investido suponen el calculado derribo de la Constitución Española, de la separación de poderes y del Estado de derecho por parte de una minoría que nunca ha reconocido los pilares de nuestro sistema político.

Nos están advirtiendo los jueces, los fiscales, diplomáticos, inspectores de hacienda y de Trabajo, las fuerzas de Seguridad... Sobre todo, porque el pacto con un prófugo de la Justicia Española como Carles Puigdemont que todavía no ha rendido cuentas de sus delitos, es el Rubicón que magníficamente ilustró Tomás Serrano el pasado viernes en EL ESPAÑOL.

Ese pacto acaba con la separación de poderes mediante dos decisiones arbitrarias: primero, conceder una amnistía a quienes han delinquido. Como han explicado socialistas nada sospechosos de querer un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo como Felipe González o Emiliano García-Page, la amnistía a favor de los delincuentes del procés supone no solo borrar el delito cometido, sino admitir tácitamente que el Estado actuó de forma injusta contra aquellos que vulneraron sus principios básicos.

Segundo, porque establece los cauces para que el poder legislativo fiscalice decisiones judiciales. Quienes creemos que el poder judicial no debería verse sometido ni al ejecutivo ni al legislativo porque es el que debe juzgar a ambos si se extralimitan en sus funciones, como en cualquier democracia moderna, actuando como contrapeso, vaciarle de sus funciones y otorgárselas a una comisión parlamentaria por mucho que ésta emane de unas elecciones, es una aberración. Y solo puede acarrear profundas consecuencias.

A esto se le añade una negociación política con quienes han intentado dinamitar la convivencia pacífica entre españoles, y que ni más ni menos, sea bendecida por un "relator" internacional. Es decir, que una democracia de 45 años que nos ha dado la mejor era de nuestra historia, decide automutilarse y ser tutelada por personas extranjeras. La humillación para todo el pueblo español es terrible. Entonces, ¿para qué elegimos a los gobiernos? España solo puede ser tutelada, en todo caso y en ocasiones muy concretas, por las autoridades europeas de la UE, porque los españoles así lo votamos en un referéndum y participamos como miembros de pleno derecho en la institución internacional.

Y para colmo el ridículo de las concesiones a los independentistas: cambiar el concepto de "nacionalidad" por el de "nación" para determinadas regiones españolas o abrir las vías para celebrar referendos de "autodeterminación" (una figura ligada a la independencia de la colonias del siglo XIX) cuando así lo quieran y cuantas veces quieran los independentistas, recordemos, minorías en todas estas regiones. Hasta que consigan la mayoría, claro, previo proceso de inmersión lingüística, reescritura de la Historia y adoctrinamiento en las aulas.

Por eso saldré hoy yo a la calle. Para decir que no estoy de acuerdo con ninguna de esas medidas que nos va a hacer tragar Pedro Sánchez y el PSOE, queramos o no. Y seguramente todos los que nos manifestemos no conseguiremos nada. Pero por lo menos podremos decir que no nos quedamos en nuestra casa, o nos fuimos a la playa, o a ver jugar al fútbol a nuestros hijos, mientras que había que decir que no a estas barbaridades que sin duda afectarán a su futuro y al nuestro. Siempre desde el respeto y la serenidad, claro, está.