En unos tiempos en los que el "consenso" se ha colocado en la cúspide los valores políticos y mientras el Gobierno Botánico de Ximo Puig apela a él para perjudicar los intereses de la provincia de Alicante en temas tan sensibles como el trasvase Tajo-Segura, resultaba inaceptable la imposición de la colaboración económica de la Diputación de Alicante en el Fondo de Cooperación de la Generalitat.

Por eso, Alicante debe  congratularse de que la Justicia, el TSJCV, que durante los últimos tiempos siempre ha apoyado las políticas botánicas (por ejemplo en pandemia, con las restricciones más fuertes de toda España), haya impuesto un poco de sensatez antes estas imposiciones con medidas cautelares que permiten a la institución provincial hacer sus presupuestos propios sin la amenaza perder fondos a mano de la Generalitat Valenciana.

No es un tema baladí. Se trata de la "autonomía local", se trata de que la colaboración leal entre administraciones sea voluntaria, no impuesta. ¿Se imaginan que Carlos Mazón en los planes de inversión de la Diputación se impusiese a los Ayuntamientos la participación obligatoria en la construcción de polideportivos, casas de cultura o plaza con las que no estuviesen de acuerdo?

Resulta increíble que una administración como la Generalitat, que cobra impuestos propios, fuerce a una administración local como la Diputación (que no los cobra y cuyos recursos llegan directamente del Estado), y trate de detraer parte de esos fondos para repartirlos entre los ayuntamientos. ¿Por qué no la hace íntegramente con sus fondos propios? Echen cuentas y miren cómo están las arcas y la deuda autonómica.

Resulta increíble igualmente que mientras que los dirigentes de la Generalitat obvia el déficit de inversión en la provincia de Alicante que sus compañeros de partidos y socios pactan en Madrid, sea el brazo ejecutor que le dice a la Diputación lo que debe o no debe invertir en los ayuntamientos, peor aún, cómo debe hacerlo. Por no hablar de los presupuestos autonómicos, con un nivel de ejecución bajísimo.

Frente a aquellos que consideran la Diputación como una administración obsoleta, yo soy de los que piensa que cumple su papel de descentralización de poder y por eso me siento más ciudadano de la provincia de Alicante que ciudadano de una Generalitat Valenciana, que veo cada vez más alejada de los habitantes de la provincia de Alicante y centrada en el cap i casal. 

Y no me vale eso del déficit de representación, que tanto clama la izquierda: que los diputados autonómicos son elegidos por los ciudadanos directamente mientras que los provinciales lo son por elección indirecta. Tan democrático es lo único como lo otro. Las reglas de juego están fijadas. Cada uno juega con sus cartas

¿O es que el sistema de partidos no nos impone a los candidatos que supuestamente les conviene en su sistema de lealtades apesebradas y redes clientelares ignorando las reclamaciones de listas abiertas con las que valorar el trabajo y la trayectoria de cada persona que se presenta a unas elecciones?

Así que enhorabuena para todos los alicantinos por esta decisión "cautelar" del TSJCV, a la espera de que sea una decisión firme que certifique la autonomía de Alicante frente a la apisonadora del Consell.