La apertura de diligencias por parte del fiscal Anticorrupción de Alicante, Pablo Romero, por presunto fraccionamiento de contratos en el gobierno de Elche al atender una denuncia del PP, ha hecho saltar las alarmas en el socialismo de la provincia.
El recuerdo y el paralelismo con Alicante ciudad, donde el alcalde del PSOE Gabriel Echávarri tuvo que dimitir tras ser procesado por un caso que guarda similitudes -y posteriormente condenado a ocho años de inhabilitación por prevariación- debería haber servido para extraer unas lecciones sobre una práctica tan extendida como irregular.
Porque si bien es cierto que casi todos los ayuntamientos acaban incurriendo en el fraccionamiento de contratos en alguna ocasión, sin ir más lejos el del PP de Elche de Mercedes Alonso en su último año de mandato, llama la atención que en el caso del actual bipartito de PSOE y de Compromís se haya prolongado en el tiempo por cantidades elevadas.
Millón y medio
Frente a los hechos por los que fue condenado Echávarri, junto con su jefe de gabinete y asesor de Comercio: 25 pagos a dedo por un importe global de 189.000 euros en la Navidad de 2016, encontramos que el equipo de gobierno ilicitano habría fraccionado 676 facturas por un valor de 961.169 euros en 2019 y 585.428 euros en 2020, esto es 1.546.597 euros.
Eso al menos es lo que se desprende de los informes de reparo de la intervención municipal, cuyos firmantes, la exinterventora Inmaculada Sánchez y el interventor, Víctor Martí, ya han sido citados como testigos por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante para declarar el próximo jueves 20.
Todas las concejalías
Otras de las diferencias con Alicante es que la práctica en el ejecutivo de Carlos González estaba extendida entre todas las concejalías -no solo la de Comercio- por las que el Ayuntamiento solicitaba servicios sin contrato a determinados proveedores, -como también hizo Echávarri- o fraccionamientos de contratos para no someterlos a licitación, ha señalado Claudio Guilabert, el abogado del PP firmante de la denuncia.
Una denuncia que es, por tanto, nominal, contra el alcalde González y contra el resto de miembros de la Junta de Gobierno porque, en teoría, todas las concejalías han venido contratando a unos proveedores que ofrecían el mismo servicio, pero facturado por separado a cada uno de ellas de manera reiterada.
Servicios de todo tipo, desde mantenimiento a, por ejemplo, material de ferretería por algo más de 26.000 euros, superando el importe máximo de 15.000 euros para los contratos menores, pasando por servicios de publicidad institucional.
Es el caso, por ejemplo, de la contratación habitual de un medio de comunicación encargado de la difusión de vídeos en internet. Al respecto, el informe de intervención señala: “Ya se puso de manifiesto por parte de esta Intervención que dicho servicio debe ser contratado dado que no es algo puntual sino que se factura mensualmente por los distintos eventos donde interviene dicho proveedor alcanzando su facturación anual en 2018 de 29.439,30 euros”. Este servicio y esta cifra se han venido manteniendo estable en los sucesivos años a través de la contratación por parte de numerosas concejalías.
"Pequeñas disfunciones"
Ante estas advertencias durante los últimos tres años, el PSOE responde que “los reparos forman parte de la dinámica de trabajo de cualquier Ayuntamiento, son circunstancias que no representan ilícitos penales ni irregularidades", ha explicado Carlos González. "Cuando en alguna ocasión se produce un reparo y es levantado por la Junta Local de Gobierno, simplemente se está poniendo de relieve por parte de la intervención que hay algún tipo de incidencia y, junto con ella, se justifica el motivo que la ocasiona”, ha expresado el regidor ilicitano.
Para el primer edil, el fraccionamiento de contrato es "pequeñas disfunciones administrativas advertidas por el interventor" las cuales están siendo solucionadas con "medidas adecuadas" a través de un Plan de Control Interno. González también se escuda en que el Tribunal de Cuentas, como órgano poseedor de todos los informes de reparo (como indica la normativa), "en ningún momento ha remitido ningún informe" negativo" al Ayuntamiento.
“Desde 2015 hemos estado poniendo en orden y elaborando pliegos que
anteriormente no existían”, concluyó el alcalde socialista de Elche sobre una práctica extendida y de la que tendrá que decidir si existe ilegalidad la Fiscalía Anticorrupción.