En enero de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera aprobó el Real decreto 35/2023 sobre "la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas" que restaba cerca de 105 hectómetros cúbicos anuales al trasvase Tajo-Segura por los caudales ecológicos impuestos en la cuenta cedente. Ese documento, en su disposición segunda, daba un año al Gobierno para reformular las "reglas de explotación" de la trasferencia hídrica a Alicante, Murcia y Almería. Desde entonces, no se ha hecho nada.

Según explicaba el propio decreto, "la necesaria compatibilidad del régimen de caudales ecológicos del plan del Tajo con el trasvase del Tajo-Segura aconseja una actualización de la normativa aplicable con el fin de que las decisiones sobre el trasvase se fundamenten en la misma" ya que las reglas actuales proceden de 2014, cuando se aprobó el Memorándum con el apoyo de todas las Comunidades autónomas estableciéndose cuatro niveles de agua en los embalses que determinan los envíos mensuales.

Así, la disposición final segunda, aclaraba el texto de 2023, "prevé someter al Consejo Nacional del Agua en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este real decreto una actualización normativa de las disposiciones que rigen el trasvase Tajo-Segura, aprobadas por el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre".

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En los últimos 10 años sólo se han cambiado esas normas en 2021 para reducir el envío de agua al Levante español en el nivel 2, de 38 hectómetros cúbicos (hm3) a 27 hectómetros cúbicos, que es lo que se está enviando en la actualidad. Pero en sí, la norma no ha cambiado en una década.

El 18 de febrero pasado se reunieron el presidente de la Generalitat Valenciana, el alicantino Carlos Mazón, con la ministra Ribera y acordaron, entre otras cosas, trabajar desde el diálogo creando un grupo de trabajo para reformular esas reglas. Desde el PP de Alicante aseguran que nadie les ha convocado a ese grupo de trabajo y que hace dos semanas la directora general del Agua, María Dolores Pascual Vallés, tampoco puso en marcha ninguna mesa de negociación. 

Sea como fuere, desde la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, el Gobierno regional de Murcia y Andalucía, ya trabajan en una "propuesta" para esa reforma de las reglas de explotación que tiene que elevar a la ministra el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), que es quien se encarga de poner negro sobre blanco el texto a debatir.

1.000 h3 fijos

En ese contexto, el pasado 14 de marzo la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo y desde donde arranca el trasvase a la cuenca del Segura, reclamaron según recogió la Agencia Efe "que se establezca una lámina estable de 1.000 hectómetros cúbicos en los dos pantanos".

El presidente de la asociación, Borja Castro, hizo hincapié en “la obligada necesidad" de cambiar urgentemente las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura, al tiempo que ha valorado: "La oportunidad que se nos brinda no de ser nuevamente expoliados, sino de comenzar un nuevo ciclo de gestión sostenible, acorde a los retos a los que nos enfrentamos ya en este escenario de cambio climático".

Para los expertos en agua de la Comunitat Valenciana esa medida sería "inaceptable" ya que en los últimos 10 años la media de agua en ambos embalses ha estado por debajo de esos 1.000 h3. "Sería la prohibición absoluta del trasvase", ha explicado a EL ESPAÑOL el diputado del PP de Alicante (catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA y exdirector del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales), Joaquín Melgarejo.

"Es una sinrazón", expone Melgarejo, para quien es correcto revisar las reglas de explotación del trasvase porque "pueden cambiar las circunstancias hídricas". "Pero eso sería acabar con el trasvase, aunque viendo como el Ministerio cede a todas las presiones que se le hacen desde Castilla-La Mancha, no nos extraña", resumió el diputado popular.