Las aparadoras de Elche reclamaron este miércoles ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se reconozca el trabajo no cotizado durante décadas en el sector del calzado, a menudo desempeñado por mujeres en sus casas o en talleres clandestinos, para que puedan acceder a una pensión digna.
"Somos trabajadoras explotadas, sin derechos y discriminadas. No existimos en la industria que nos condena a trabajar a destajo, de forma clandestina, sin derechos, sin contrato, sin Seguridad Social, recluidas y dispersas. Aisladas y solas ante la faena, con jornadas interminables de 14 horas", ha declarado Isabel Matute, presidenta de la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado.
Matute se refirió a un estudio de la Universidad de Alicante (UA) que cifra en 7.332 las mujeres que trabajan en el sector alicantino del calzado sin cotizar, frente a 1.542 hombres, lo que evidencia una "grandísima desigualdad de género".
Además, el 88 % del total del personal trabaja en la economía sumergida, el 67 % sufre dolores de huesos, columna y articulaciones y el 20 % trastornos psicológicos como depresión y ansiedad, agregó Matute, quien denunció pagas de entre 1,5 y 3 euros la hora.
"El calzado es de primera calidad, somos las primeras en reconocerlo. Pero estamos esclavizadas", resumió.
Por parte de la Comisión Europea, la funcionaria Vera Azevedo Monteiro, subrayó que el "reconocimiento de los años trabajados compete a los Estados miembros", así como la implementación y el cumplimiento de directivas contra discriminación de género, prevención de riesgos laborales o requisitos mínimos sobre duración de la jornada laboral, reposo, vacaciones y horas extraordinarias.
Las aparadoras de Elche, este miércoles en la Eurocámara.
"Los peticionarios quieren que se apliquen las normativas europeas y nacionales ya existentes y, por lo tanto, corresponde a las autoridades nacionales tomar las medidas necesarias", declaró la experta comunitaria, quien agregó que "no queda claro si las autoridades (nacionales) han sido contactadas".
Esas palabras sentaron muy mal a la presidenta de la asociación, quien en su intervención había detallado los contactos con los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social y había explicado que se dirigen "a Europa" por la "completa dejación institucional" que encuentran en España.
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El argumento tampoco gustó al eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, promotor de la petición de las aparadoras, quien acusó a la Comisión de no haberse estudiado la petición.
Urbán calificó la situación laboral descrita como un "síntoma de una cultura laboral precaria que desprecia el trabajo fundamentalmente de las mujeres" y que "sería más propia de las maquilas de Centroamérica o del sudeste asiático".
Reacciones
Por parte del PP, el eurodiputado Leopoldo López (PP) destacó las bondades del sector del calzado, el tercero con mayor ocupación industrial en la Comunidad Valenciana, y subrayó que "en ningún caso debe confundirse la parte por el todo".
"Las empresas están comprometidas con sus trabajadores", dijo el conservador, quien aseguró que "han aplicado los incrementos salariales incluso antes de estar pactados y firmados" para contrarrestar la inflación y promover un "empleo decente y de calidad".
La diputada Inmaculada Rodríguez (PSOE) también señaló que la situación denunciada no se corresponde con el grueso del sector, que tiene en la comunidad valenciana 30.000 empleos formales, pero reconoció que "cuando hay economía sumergida, es una lastra" porque coloca a esas mujeres en una situación "profundamente injusta".
Por parte de los Verdes, Ana Miranda (BNG) dijo que el calzado español de alta calidad "no siempre, pero muchas veces, lleva condiciones de precariedad unidas a la falta de reconocimiento de años, a la falta de reconocimiento de enfermedades, al incumplimiento del convenio laboral y, sorbe todo, a que se sienten solas".
La petición quedó abierta y la comisión parlamentaria solicitará estudio a las Cortes Valencianas un estudio realizado por esa institución para remitírselo a las comisiones de Empleo y a la de Derechos de las Mujeres de la Eurocámara.
Queda pendiente que se decida si el Parlamento Europeo envía una delegación a Elche para observar la situación sobre el terreno y elaborar un informe.
"Nos sentimos muy orgullosas de haber llegado hasta aquí y de haber dicho lo que teníamos que decir", declaró a la prensa Matute, quien agregó que en la asociación son conscientes de que 2023 es año electoral y van a ir "a por todas".