La asociación Asaja Alicante en la protesta de este martes en Madrid por el recorte del trasvase.
Asaja Alicante afirma que la imposición del Gobierno del agua desalada es "injusta y dictatorial"
La asociación de regantes protesta en Madrid por "la muerte del trasvase Tajo-Segura por mandato" y señalan a Pedro Sánchez como responsable.
24 enero, 2023 18:07"Hoy hemos asistido a la muerte del trasvase Tajo-Segura por mandato del Gobierno de Pedro Sánchez". Así resumen desde la asociación de agricultores Asaja Alicante las críticas tras la manifestación en Madrid por el anuncio de la aplicación del caudal ecológico en el río manchego que limitará la llegada de más de cien hectómetros cúbicos al año.
La asociación atribuye al Gobierno de España la responsabilidad de no "ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país ni de gestionar con coherencia las deficiencias y excedencias estructurales de las diferentes cuencas".
Tras la aprobación del decreto ley de los planes hidrológicos, el comunicado de Asaja Alicante hace hincapié en que la hoja de ruta de imponer por la vía autoritaria la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo. Como resaltan, una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada.
[El Gobierno desoye al campo alicantino y materializa el recorte del Tajo-Segura]
"La agricultura no tiene músculo para soportar más sobrecostes", declara Ramón Espinosa. Como secretario técnico de Asaja Alicante, añade que "suprimir una infraestructura histórica que sí nos ha funcionado, como es el trasvase Tajo-Segura, nos resta independencia y competitividad".
Y ahí inciden en la negativa a la opción presentada de la desalación. "Ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada", recalca el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. Así, afirman que la desalada es hasta cinco veces más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera.
Las cifras no se detienen ahí, claro. El gran problema que tienen que afrontar es el coste económico. Andreu destaca que con la aplicación del caudal ecológico, "el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona".
Eso dirige sus argumentos a las propuestas de la ministra Teresa Ribera, con la que ya han chocado con anterioridad. En este caso, la asociación remarca que "todos sus argumentos y promesas carecen de legitimidad tras haber mentido de forma reiterada, incluso recurriendo a la semántica, para crear un clima de confusión en la sociedad que le permitiera llevar a cabo un plan que solo responde a intereses políticos y para el cual no ha tenido en cuenta las necesidades del sector agrario en ningún momento".
Sobre la promesa de constituir comisiones bilaterales con la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para hacer un seguimiento de las inversiones en infraestructuras de desalación y reutilización, Asaja Alicante lamenta que ese afán de conversación por parte de la mencionada ministra no haya existido durante estos últimos años. Y ahí recuerdan que "los agricultores y regantes hemos insistido para que se nos tenga en cuenta en la planificación que hoy ha aprobado tras una actitud déspota y dictatorial. Además, la confirma que seguirá movilizándose a favor de la continuidad del trasvase y recurrirá, si hace falta, a la vía judicial".
El presidente de Asaja dirige sus críticas a Pedro Sánchez porque "no ha sido capaz de frenar a una ministra que ha desoído las observaciones del Consejo de Estado, las alegaciones de las Comunidad Autónomas afectadas y la voz de miles de agricultores y expertos que han cuantificado con cifras el descalabro en términos de empleo, hectáreas de regadío e impacto socioeconómico que supondrá el recorte del trasvase".
La asociación alerta de que las consecuencias del cambio aprobado este martes "serán inmediatas, porque habrá una disminución del agua para los cultivos y los precios de fruta y verdura subirán". De hecho, la incertidumbre sobre los recursos hídricos que puedan asumir los agricultores afectará inevitablemente a la campaña de verano. "Las siembras de sandía, melón, granada o breva están en el aire, porque tendrían que costear el agua desalada a precios no son compatibles con la agricultura levantina".
