La ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2023 incluirá la bonificación al 99 % del impuesto de sucesiones a las empresas familiares que facturan más de 10 millones, según se ha aprobado este jueves en la comisión de Economía de las Cortes Valencianas.
La propuesta, presentada en solitario por los socialistas a través de dos enmiendas a la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, ha salido adelante con los votos a favor de este grupo y de los tres de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), y en contra de los socios del Botánico, Compromís y Unides Podem.
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Las dos enmiendas aprobadas eliminan de la ley que regula el tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos el apartado que establece que esa bonificación del 99 % en las sucesiones inter vivos y mortis causa solo se aplica a las empresas de reducida dimensión, es decir, las que tienen un negocio neto inferior a 10 millones de euros.
Los socialistas han defendido que esta medida pretende respaldar el esfuerzo de las empresas familiares que durante generaciones han mantenido la economía, por lo que es "justo que se les equipare a otras bonificaciones, mientras que para Compromís y Unides Podem no es momento de dar ventajas o "perdonar dinero" a quienes gestionan más dinero.
El diputado del PP José Antonio Rovira ha indicado que se trata de una bajada "simbólica" y ha resaltado que Compromís y Unides Podem no han "claudicado", cuando a su juicio al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sí que le han hecho "doblar el lomo" con la Agencia Valenciana de Energía (AVEN).
Nueva entidad para el modelo energético
Precisamente, el Botánico ha acordado una enmienda por la que se crea este nuevo organismo como entidad de derecho público destinada a consolidar un nuevo modelo energético y conseguir el autoabastecimiento energético en la Comunidad a través del impulso de actuaciones para la descarbonización.
Por otra parte, la izquierda ha llegado a un acuerdo para incorporar en las cláusulas de responsabilidad social y de transparencia en la contratación pública el compromiso de establecer un salario/hora a los trabajadores superior al establecido en el convenio sectorial y territorial para la ejecución del contrato.
El objetivo de esta cláusula de garantía, según ha explicado la síndica de Compromís, Papi Robles, es que la Administración de una respuesta a la inflación, de manera que ahora que está subiendo el precio de todo suban también los salarios de la gente.
Las enmiendas que no han sido aprobadas en esta comisión se volverá a debatir en el pleno de las Corts del próximo 20 de diciembre, tras lo que quedará aprobada la ley que entrará en vigor el próximo 1 de enero.