Con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la abogacía, el ilicitano dejó hace un lustro sus cargos en diferentes organizaciones empresariales (Terciario Avanzado, de la que fue fundador, Coepa, Ineca, CEEI Elche, etc.). Pero la llegada de Carlos Baño a la Cámara de Comercio le ha empujado a embarcarse en nuevos proyectos de defensa de los intereses de la provincia de Alicante.

Tras años alejado de la primera línea de las organizaciones empresariales ha decidido volver, esta vez en la cámara.

En primer lugar, si me lo permite, nunca me he ido del todo. Pero he de decir que tampoco represento a la Cámara: eso le corresponde en exclusiva a sus órganos de gobierno. Mis opiniones las emito a título personal y no tienen más valor que el que le quieran dar quienes las comparten o discrepan de ellas. Por lo demás, creo que la provincia, ahora más que nunca, necesita todos los brazos disponibles para defender sus intereses.

¿De qué debe defenderse la provincia de Alicante?

Tenemos tres problemas que todavía no hemos resuelto. El primero es nuestra dependencia de Valencia. No entiendo por qué cedimos la soberanía a las Cortes Valencianas si la Comunidad no asume nuestra defensa en el mayor agravio presupuestario de nuestra historia. En segundo lugar, la hegemonía de un solo medio de comunicación ha deteriorado gravemente la pluralidad ideológica en la provincia y la calidad democrática de nuestras instituciones. Pero más grave es el tercer déficit de la provincia, que es precisamente el que exige el esfuerzo de todos, los que estábamos antes y los que están ahora: el déficit de pluralidad asociativa.

¿Cree que la CEV no está defendiendo de forma conveniente a Alicante?

En el pasado, las tres provincias tenían una confederación empresarial propia y se articulaban en una confederación de iguales. Pero el Botánico no cree en la sociedad civil y aspira a controlar las instituciones representativas empresariales, como controla los sindicatos. Con el dinero público asignado a través de la Ley de Participación Institucional, el Consell impone de facto en la Comunidad Valenciana la representatividad única de la CEV. Y si solo manda uno, estamos en un régimen de partido único. CEV y sindicatos dependen mayoritariamente del dinero público y con el dinero de los contribuyentes, el Botánico está eliminando el pluralismo y la discrepancia que es propia de las sociedades democráticas maduras. La liquidación de Coepa fue el primer paso de una política de tierra quemada con nuestra provincia.

¿Por eso apostó originalmente por Uepal?

Estoy a favor de cualquier asociación que defienda los intereses de la provincia de Alicante. Una de las cosas que más me disgusta de nosotros mismos, por supuesto me incluyo, es nuestra incapacidad de llegar a acuerdos. Creo que tenemos que ser menos personalistas, no importa quién dirija Uepal, quién ésta u otra asociación. Todos los que tenemos la voluntad sincera de defender nuestra provincia, estamos en la obligación de caminar juntos. Uepal es una organización que nació correctamente orientada para recuperar el histórico de dignidad de Coepa y defender a los ciudadanos de la provincia de Alicante sin servidumbres, sin clientelismos, a diferencia de CEV Alicante, que no es más que una sucursal valenciana -por no tener, ni siquiera tiene personalidad jurídica-. Por tanto, Uepal tiene mi apoyo pleno, como lo tiene Ineca, que lleva muchos años denunciando los agravios que sufrimos. Y desde luego tiene todo mi respaldo el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, porque considero que hoy en día no hay ninguna institución con tanta legitimidad y con tanta capacidad de defender los derechos de nuestra provincia.

¿Por qué cree que la cámara es la que tiene más legitimidad?

Carlos Baño es el presidente más votado de la historia de la Cámara de Comercio de Alicante. Ha sido elegido por millares de empresas. Además, la Cámara tiene un núcleo de patronos que hacen importantes aportaciones privadas a su sostenimiento y actividad. Eso le da una legitimidad que no tiene ningún otro dirigente empresarial actualmente. No hay ningún ciudadano que sepa cuántos empresarios son socios reales de CEV Alicante, aunque sí que su presidente se elige a la búlgara, impuesto por Valencia. En cuanto a cómo se financia la CEV, sabemos que mayoritariamente se nutre de recursos públicos, que por cierto deberían asignarse en régimen de libre concurrencia. En cambio, la Cámara es transparente e independiente. Por ello, el presidente de la Cámara de Comercio ha expresado con una valentía extraordinaria, lo que ni Joaquín Pérez ni Salvador Navarro se han atrevido o no han querido decir: que Ximo Puig era corresponsable del agravio presupuestario.

“El presidente de la Cámara de Comercio ha expresado con una valentía extraordinaria, lo que ni Joaquín Pérez ni Salvador Navarro se han atrevido o no han querido decir: que Ximo Puig era corresponsable del agravio presupuestario”

Pese a depender de la una conselleria tutelante.

La Administración puede tutelar, pero no puede amordazar a la Cámara. Hoy por hoy no existe ninguna institución con esa independencia y con un presidente tan difícilmente reductible como Carlos Baño. Creo que a él le corresponde la inmensa tarea y la grave responsabilidad de liderar las reivindicaciones de la sociedad civil alicantina. La CEV tiene que ser disuelta, porque fue un instrumento del Botánico para acallar la voz de los alicantinos. Salvador Navarro debe dimitir porque no es un empresario: es un conseller en la sombra. Joaquín Pérez también debería considerar su posición, porque sin quererlo, le han convertido en un cómplice. Aprecio mucho a Joaquín Pérez, pero a nadie se le escapa que la coyuntura actual exige mayor talla política. Cuando le pido que dimita es porque quiero lo mejor para él. Y sé de lo que hablo porque he estado en la misma situación: un patito en una atracción de feria, disparado por francotiradores ocultos. En su caso, Salvador Navarro es su peor enemigo.

Pero la CEV está liderando las reclamaciones respecto a los Presupuestos Generales del Estado.

Eso es lo que tratan de vender, pero es puro marketing: un trampantojo. La actividad de Salvador Navarro tiene como finalidad correr una cortina de humo para que la sangre no llegue al río y afecte a Ximo Puig. La primera manifestación de la CEV debería ser en Valencia frente al Palau de la Generalitat, que nos maltrata presupuestaria y políticamente tanto o más que el Gobierno central. Si solo somos valencianos para pagar, y si Salvador Navarro solo saca la pancarta para defender Valencia, en ese caso seguramente muchos alicantinos, van a reflexionar sobre qué papel hacemos nosotros en esa Comunidad y que pinta ese tal Navarro.

¿A qué se refiere con trampantojo?

Que la manera más inteligente de desactivar un problema es desplegar un conjunto de mentiras con cuatro o cinco reuniones y cuatro o cinco promesas. Que, como denuncia Ineca, ni siquiera llegan a ejecutarse en términos presupuestarios. Van a volver a taparnos la boca porque Ximo Puig no puede permitir que haya un levantamiento alicantino contra Pedro Sánchez. Abre la espita de la olla a presión, humo, silbidos, para que no estalle un grave conflicto que amenace sus expectativas electorales: la CEV está al servicio del Botánico. Ximo Puig no va a Madrid a defender a Alicante. Y el de Alicante, o es un agravio a todos los valencianos, o los alicantinos no somos valencianos.

¿Debería unirse la Cámara a la convocatoria de la Plataforma per un Finançament Just y anular laque había programado para el día 3?

La Cámara no debe desconvocar la suya, aunque se sume a la otra. La Plataforma pretende diluir el problema de Alicante en el problema valenciano. Pero en esas estamos desde el Estatuto de Autonomía: diluidos y sin voz.

Personalmente, ¿por qué coger esa bandera otra vez?

Dice el refrán que más viejo es el viento y todavía sopla. Nunca he dejado de sentirme responsable y obligado a colaborar, en la medida de mis capacidades.

Le obligaron a dimitir de la presidencia de Coepa porque en el pasado militó en Falange, un partido que se considera antidemocrático. Y yo creo que nunca se le ha dado la oportunidad de explicarse. ¿Fue el pretexto?

Claro que fue un pretexto. En primer lugar: sí, he sido falangista, como lo fue Suárez, como lo fueron muchos de los procuradores de las Cortes Generales que aprobaron el Proyecto de Ley para la Reforma Política en 1976, inmolándose para traer la democracia y abrazar a los compatriotas del otro bando. Ahora, en 2022 suena ridículo reprochar que un joven haya sido falangista, cuando el gobierno actual considera a Otegui “un hombre de paz” y depende de los cachorros de los terroristas y de los golpistas catalanes. En la Falange solo aprendí a amar y servir a España, mientras que en los partidos del Gobierno solo se enseña a odiarla y expoliarla. Ya no soy falangista, es cierto. Ya expliqué públicamente que la única parte que me interesa de la Falange, además del amor incondicional a mi país, es la que decía José Antonio de que “la aspiración a una vida democrática apacible y justa” es el destino último de toda ciencia política.

Soy por tanto un demócrata, y como abogado un constitucionalista, defensor de los derechos fundamentales. Mucho más que aquellos que me llamaron facha. Los fachas son los que imponen la tiranía del pensamiento único de izquierdas. Y, por cierto, José Antonio fue víctima de un crimen de Estado, precisamente de la República que pretenden idealizar.

¿Quién lideró aquella operación para desacreditarle?

Algunas personas que se reunían en El Maestral y que consideraban que con la dimisión de Rafael Martínez Berna les correspondía a ellos presidir Coepa. Primero, porque representaban a las grandes empresas y a los sectores más potentes. De hecho, en el marco de la CEOE, yo fui el primer presidente de una Confederación provincial que procedía del sector de pequeñas y medianas empresas de servicios profesionales. En segundo lugar, porque entendían que yo era un recién llegado -un parvenú, como dicen los franceses-, a pesar de llevar una década en la institución, y que era un personaje indócil a sus intereses. Pero no fue a mí a quien traicionaron– nada me debían- sino a los anteriores presidentes. Traicionaron la larga tradición de sucesión pactada en la patronal, precisamente en el peor momento de la institución. En cuanto a su capacidad directiva, los hechos lo dicen todo: hundieron Coepa, como posteriormente hicieron con Fundesem. Si yo hubiera estado al frente de Coepa, tal vez habría sobrevivido, aunque hubiera debido pagar un precio personal demasiado alto.

¿A qué se refiere?

En aquella época tenía 110 pulsaciones por minuto en reposo. El medio dominante de la provincia publicaba encuestas a pie de calle sobre si un exfalangista podía representar a la provincia. Me llegaban amenazas personales y tenía una comprensible inquietud por mi familia y mi negocio. No creo que ningún presidente de Coepa ni de ninguna otra institución patronal haya sufrido un escrache semejante. Pero no me fui por miedo: sinceramente, la Confederación era ingobernable con la banda de Pancho Villa en contra.

¿Cree que la cámara por no estar controlada por las grandes empresas, sino porque la mayoría son pequeños empresarios y comerciantes, tiene más fuerza?

Da en el clavo. Si el 99% de las empresas alicantinas son pequeñas y medianas empresas, ¿por qué tienen que dirigir nuestras organizaciones las empresas grandes? ¿A quiénes representan? Solo se representan a sí mismas.

Le veo muy crítico con Ximo Puig. Algo bueno habrá hecho en siete años.

El gobierno de Ximo Puig ha sido un gobierno doctrinario, ha vuelto a reabrir la herida identitaria y ha puesto a la Comunidad Valenciana a los pies del catalanismo irredento y de su ficción histórica enloquecida, con millones de euros en subvenciones e imposiciones lingüísticas. No ha conseguido dinamizar la industria de nuestra comunidad ni ofrecernos un proyecto colectivo ilusionante. Además, a los alicantinos nos han querido vertebrar a cañonazos, que es lo que hicieron por ejemplo con las patronales.

¿Y lo bueno?

El gobierno del Botánico es corresponsable de la crisis económica. Su política fiscal no va a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. La calidad de los servicios públicos es patética. Solo hay que poner como ejemplo la reversión de la concesión de Ribera Salud en Torrevieja, que era un hospital de primera magnitud, entre los mejores de España, para parir un desastre. El gobierno del Botánico está alejado de las realidades sociales y económicas de esta comunidad y de este país. Los ciudadanos quieren una vida en libertad y trabajo para construir sus proyectos personales y no creo que hoy sientan que viven con más libertad y con más posibilidades. Ni siquiera de morir dignamente, con una sanidad digna. Lo mejor del Botánico es que perderán las elecciones.

¿Es suficiente la conexión ferroviaria de Elche y Alicante con el aeropuerto para que nos conformemos?

He leído por ahí que los empresarios alicantinos no quieren que esas infraestructuras se hagan a cuenta de los 300 millones famosos que corresponderían a Valencia y a Castellón. No es verdad: yo sí quiero, porque si Valencia y Castellón no comparten nuestros problemas, entonces ¿no tenemos nada que ver ni con Valencia ni con Castellón? Pero no vale que presupuesten ahora y que luego no ejecuten. Que pretendan conformarnos con 50 milloncejos es ofensivo. El problema de Alicante es, en esencia, un problema de representación política de los alicantinos. No estamos representados ni en las Cortes, ni en el Parlamento de la Nación. ¿Qué pasaría si los diputados alicantinos y los diputados murcianos pudieran en alguna forma defender conjuntamente los intereses del sureste? Somos el doble de diputados que los vascos. No necesitaríamos a los valencianos para que nos den las migajas de los presupuestos y, además, España estaría más segura en nuestras manos.

“¿Qué pasaría si los diputados alicantinos y los diputados murcianos pudieran en alguna forma defender conjuntamente los intereses del Sureste? Somos el doble de diputados que los vascos”

Precisamente desde su despacho de abogados trabaja con Murcia en el tema del agua, un problema que afecta a andaluces, murcianos y alicantinos.

Tenemos tres problemas estructurales: el primero es climatológico, el segundo es reputacional y el tercero político. Tenemos un problema estructural, porque con el déficit hídrico tenemos menos agua de la que necesitamos para usos industriales, residenciales y agrícolas. Hay también un problema de reputación: todo el mundo ha llegado a la conclusión -falsa- de que los agricultores son culpables de la crisis del Mar Menor, gracias al “agitprop” de la ministra de Medio Ambiente y de la izquierda radical.

¿Y el problema político?

Ese es el más grave: que a nadie le importa que se pierdan puestos de trabajo y riqueza en Alicante y en Murcia. En nuestro despacho luchamos para que se restablezca el Estado de Derecho. La Administración está actuando con absoluta arbitrariedad, expropiando derechos de uso de agua que ella misma concedió y en base a los cuales los empresarios hicieron inversiones multimillonarias, que ahora pueden perderse. ¿Ha valorado a alguien que la Administración será responsable patrimonialmente de los daños que cause a los agricultores? Nadie dice que con este Gobierno va a desaparecer más de un tercio de la riqueza industrial y económica de Murcia y de Alicante, que está basada directa o indirectamente en el sector agroalimentario.

En el Foro de EL ESPAÑOL fue muy pesimista con la distorsión en el mercado de las grandes corporaciones digitales.

Alerté sobre situaciones de las que no se está hablando y de las que depende nuestro futuro. El liberalismo extremo deja que el mercado se regule por sí mismo, lo que conduce muy a menudo a situaciones de asimetría en el que las empresas muy grandes aplastan a las empresas pequeñas. Sin embargo, un liberalismo bien entendido, puesto al servicio de la sociedad, exige equilibrar el tamaño de los competidores y aplicar severamente reglas de juego que favorezcan la competencia. Si eres muy grande, no solo lo eres para caer – too big to fail-, sino también para competir. Los sistemas de propiedad intelectual deben servir para estimular la innovación, pero las grandes multinacionales los utilizan para poner barreras artificiales a la libre competencia y frenan la innovación por parte de las pequeñas y medianas empresas, pervirtiendo el sistema y su finalidad originaria.