La Oficina Integral 10 de Torrevieja lleva más de una década en funcionamiento. La apuesta del entonces Secretario de Estado para la Seguridad Social, Gerardo Camps, en el año 2000, se inauguró en 2011 tras varios contratiempos y después de pasar los dos últimos años cerrado sin uso. Y no fue una apuesta cualquiera.

Con una inversión de 12 millones de euros para una parcela inmensa de 13.500 metros cuadrados, de los que se acabaron construyendo en 6.386, se llegó a considerar entonces que podría ser un edificio sobredimensionado. El tiempo lo ha ratificado. De sus ocho funcionarios iniciales, solo se ha ampliado la plantilla a 12, cuando estaba pensado para 22. 

Compuesto de tres plantas, que se dividen en planta baja, primera planta y sótano, esta última sigue permaneciendo en la actualidad en desuso. El grueso de las inmensas oficinas se encuentra en la planta baja, donde están los funcionarios pertenecientes a la Tesorería de la Seguridad Social y los del Instituto de la Seguridad Social.

Por el contrario, en la primera planta únicamente hay un funcionario, responsable de las gestiones relativas al Instituto Social de la Marina, encargada del derecho a las prestaciones de los trabajadores del mar.

Como dicen fuentes conocedoras de la situación del inmueble, "el edificio es tan grande que es imposible climatizarlo bien". Pese a que cuenta con su correspondiente sistema de aire acondicionado y de calefacción, empleados y ciudadanos que acuden a realizar sus trámites -relacionados con la tramitación de jubilaciones, el Ingreso Mínimo Vital o la asistencia sanitaria para extranjeros, entre otros- sufren de frío o calor según la época del año. 

Así lo denunció UGT Serveis Públics a finales de julio de este año, sindicato que aseguró que "las altas temperaturas" que se estaban registrando en estas oficinas estaban por encima de los 30º "con una humedad relativa de 76,5 % durante toda la jornada".

"Desgraciadamente, no se trata de un hecho puntual, ya que desde agosto de 2019 estos empleados y empleadas vienen padeciendo las inclemencias climáticas, ya sean las de verano o las de invierno, por la desidia de sus gestores que son responsables de su bienestar y salud en el puesto de trabajo", añadía UGT en un comunicado.

Para esta representación de los trabajadores, son temperaturas que comprometen la seguridad y salud del personal funcionario, "pero también de quienes acuden a esta oficina que, precisamente, por regla general, tienen edades avanzadas y no deberían aguantar estas condiciones extremas de temperaturas y humedad en el interior de un edificio". 

UGT, de hecho, lleva denunciando esta situación desde hace tres años "sin que sus responsables hayan adoptado las soluciones técnicas necesarias". De momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha movido ficha. 

Otros pufos

El que fuera también vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, no solo autorizó el inicio de las oficinas de Torrevieja. Suya también es otro inmueble que más polémica ha suscitado: el complejo de Pozuelo de Alarcón. 

Y que, frente al poco uso del de Torrevieja, el inmueble público de Madrid es uno de los 900 que el Tribunal de Cuentas ha señalado como en desuso, recoge Newtral.

Con un coste de 86 millones de euros para 24 mil metros cuadrados, se inauguró en 2010 para conferencias, cursos y alojamiento para funcionarios de la Seguridad Social. Sin embargo, tuvo una actividad muy baja en los 6 años que estuvo en activo, en los que se abrió al público en general con ofertas de piscina climatizada, yoga o cata de Gin Tonic; acabó cerrando en 2019. Su último uso ha sido como centro temporal de recepción de refugiados ucranianos.