El Juzgado de Instrucción número 4 de València escuchará este lunes, en calidad de investigado, a Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, en el marco de una causa abierta por un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental.

El miércoles será el turno de su socio y administrador de Canal Maestrat, Juan Enrique Adell Bovell, todo ello en el marco de una investigación judicial que nació de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.

En la causa constan como investigado, además de Puig y Adell, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Trenzano.

El titular del citado juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, sobre la contabilidad de varias mercantiles para investigar varios tipos de subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por los citados empresarios.

En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.

En abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuantificar las ayudas recibidas por las empresas de Francis Puig, por si superan los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones, castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro antes de que se haya iniciado una investigación.

Las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut Producción y Canal Maestrat recibieron subvenciones por parte de los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y de Cataluña, que eran compatibles siempre que no superasen el gasto realizado.

En informes contenidos en el sumario de la causa, la Guardia Civil ha señalado cuatro tipos de supuestas irregularidades en la justificación de gastos para optar a dichas subvenciones (facturas cruzadas, facturas por gastos no subvencionables, justificaciones de los mismos gastos ante varias administraciones y omisión del hecho de haber recibido subvenciones por idénticos proyectos).

Por ello, Anticorrupción ha solicitado a los servicios de Intervención de las Administraciones implicadas que realicen informes-auditoría sobre las subvenciones percibidas por cada una de estas sociedades entre 2015 y 2018, teniendo en cuenta la documentación justificativa.

Tras conocer las citaciones judiciales, desde la empresa Comunicació dels Ports se emitió un comunicado en el que se indicaba que "las dudas" de los investigadores se ciñen "a un número muy limitado de facturas" y "serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial que se solicitará en breve".

Igualmente, se insistía en que "en ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal" y se advertía de que "el informe policial confunde, al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración con el dato objetivo de que en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto".

Por último, subrayaba esta empresa que "las comprobaciones de la Agencia Antifraude realizadas en 2020 concluyeron con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración".