El juicio entre el Hércules y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el arrendamiento del Rico Pérez, previsto para este jueves en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, ha vuelto a ser aplazado al haber recusado las partes la designación del perito que debía realizar un informe.
La primera vista se celebró el pasado 17 de diciembre, pero también se suspendió a los pocos minutos de su inicio tras solicitar el club una indemnización en el caso de la resolución del contrato.
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El juez suspendió la vista para nombrar un perito encargado realizar un estudio de la instalación y permitiera cuantificar esa posible indemnización para la entidad herculana. Sin embargo, la designación ha sido ahora recusada por las partes.
El club defiende que no procede la resolución del convenio, pero que si finalmente se toma esa decisión se le debe indemnizar al tener su contrato en vigencia hasta el 2032.
Ambas partes estaban en negociaciones desde hace meses para evitar la vía judicial, pero la reciente querella por parte de la Fiscalía contra el Hércules, su fundación y varios de sus dirigentes por un presunto delito de alzamiento de bienes en relación a los ingresos obtenidos tras el pago de la cláusula de rescisión del jugador Abdessamad Ezzalzouli 'Abde' ha cambiado el escenario.
El 6 de junio, el director del IVF, Manuel Illueca, afirmó que "en tanto y cuanto no se esclarezcan las circunstancias que han dado lugar a la querella interpuesta por la Fiscalía, el IVF paraliza las negociaciones en marcha para alcanzar un acuerdo sobre el uso compartido del estadio Rico Pérez".
Una relación desde 2010
La relación entre el Hércules, el IVF y Aligestión, empresa propiedad de Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, se remonta al año 2010, cuando se le concedió a la entidad deportiva un aval por valor de dieciocho millones de euros para que solicitara un préstamo con la CAM y saldar así su histórica deuda con la Agencia Tributaria.
El Hércules no cumplió con los pagos de los intereses del préstamo y Aligestión pasó a liquidación, por lo que el IVF, como principal acreedor de la mercantil, acudió a la subasta por la instalación. Tras adquirir el estadio, el IVF expresó su deseo de romper el contrato vigente de arrendamiento.
La negociación sobre un convenio del Rico Pérez tiene su principal punto de conflicto en conocer si el Hércules tendrá uno exclusivo de la entidad o si tendrá que hacer frente a un canon y qué entidad se hará cargo de los gastos de mantenimiento y uso y quién explotará sus fuentes de ingresos.