A río revuelto ganancia de pescadores, dice el refrán. Es el caso del concepto “derecho de autodeterminación de Cataluña”. El desorden conceptual existente en torno a esta expresión es fruto tanto del desconocimiento popular sobre conceptos jurídicos como del interés político en desinformar. Es la conclusión a la que ha llegado Elena Llorca Asensi, investigadora de la Universidad de Alicante. Llorca muestra en su tesis doctoral “Conflicto de interpretación sobre el derecho de autodeterminación en el caso catalán. Estudio desde la sociología”, cómo el uso de estrategias de desinformación por una parte de la clase política incide en una confusión generalizada entre la población, confusión a la que colabora, de forma involuntaria, la falta de precisión de quienes intentan rebatir esta opinión mayoritaria.
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Los resultados del estudio indican que esta desinformación generalizada de la población es tanto deliberada como accidental. Es deliberada porque una parte de la clase política promueve una interpretación errónea del concepto jurídico estudiado, interpretación que comparte nada menos que el sesenta por ciento de la población de Cataluña. Y es también accidental porque la población media “no contamos lógicamente con conocimientos técnicos especializados, ni en derecho internacional ni en otras disciplinas complejas, lo que nos convierte en pasto de la desinformación”, señala. Estos resultados llevan a afirmar a Elena Llorca que “existe un gran riesgo de que aumente la creciente polarización social e ideológica por esta falta de información jurídica objetiva y adecuada”.
Para la realización del estudio, la experta ha contado con la colaboración de 102 profesores y doctores, mayoritariamente de derecho internacional, de 33 universidades españolas, con cuyas opiniones ha configurado el dictamen experto sobre el verdadero significado y alcance del derecho de autodeterminación en el caso de Cataluña, del que parte su trabajo. Además, se han aplicado técnicas informáticas avanzadas de análisis semántico y minería de textos, combinadas con métodos propios de las ciencias sociales, que han permitido la obtención de los resultados.
Desde la óptica sociológica que guía toda la investigación, el Derecho es concebido no como un conjunto de reglas e instituciones, sino como un campo de interacción en el que los distintos actores sociales batallan por el control de los significados. Elena Llorca argumenta que esta lucha, que se concreta en un conflicto de interpretaciones en el caso de estudio, potencia la aparición de esas corrientes de desinformación que, normalmente, son deliberadas en sus inicios, “pero se extienden luego de forma orgánica en el momento en que las personas empezamos a compartir aquello que creemos de buena fe que es cierto, aunque no lo sea”. Así, finaliza la experta, la información falsa sobre cuestiones jurídicas “es empleada para conseguir objetivos políticos; se busca provocar determinadas emociones en los ciudadanos que les muevan a acciones concretas que interesan a quienes la promueven”.
Desinformación y populismo
La tesis está contextualizada en lo que ya se conoce como sociedad de la desinformación, “por el ingente volumen de información falsa que circula por las redes”, apunta la doctora. Además, “es una sociedad en la que priman los valores posmodernos, que relativizan la existencia de verdades únicas y son favorables a que cada uno se construya su propia verdad”.
En la sociedad actual se recoge “un aumento de las narrativas populistas que promueven una creciente polarización social entre grupos que se perciben recíprocamente como enemigos, así como entre el pueblo y las élites, que está en la esencia del populismo”. En un contexto de populismo, por tanto, lo que provenga de las élites es rechazado de plano. Cuando ese “algo” es conocimiento científico o especializado, como es el caso de cuestiones jurídicas complejas como la incluida en este estudio, se rechaza más aún, lo que profundiza en una crisis del conocimiento experto, que es sustituido por el saber o el sentir popular, lo que los anglosajones expresan como “the people know best”, frente al que no cabe argumentación racional.
La investigadora incide en cómo, además, el entorno digital promueve estas dinámicas, “pues crea cámaras de resonancia en la que los ciudadanos acabamos por acceder solo a aquellos espacios que replican nuestras propias ideas, gracias al perfeccionamiento de los algoritmos que seleccionan qué contenidos se nos van a mostrar y cuáles no cuando accedemos a Internet.” Estos algoritmos, añade Llorca Asensi, “median hoy en buena parte del proceso de comunicación humana”.
El “conflicto catalán”
Para estudiar la desinformación jurídica, la investigadora ha escogido la crisis política y social que supone el enfrentamiento entre el independentismo catalán con el Estado español, el llamado “conflicto catalán”. Diversos estudios apuntan a la existencia de abundante narrativa populista desde ambos lados del conflicto, principalmente entre algunas agrupaciones independentistas y entre formaciones de derecha radical.
Además, se ha demostrado que el apoyo o no a la independencia es una variable de polarización ideológica y afectiva dentro de la sociedad española, siendo España una de las sociedades con mayor polarización afectiva de Europa. Por otra parte, se trata de una crisis en la que hay un fuerte componente de elementos jurídicos, “pues se sustenta en parte en la interpretación de lo que la ley permite y lo que no, y lo que la voluntad política podría cambiar de esa ley, y lo que no”, indica. De hecho, añade la autora del estudio, “diversos autores apuntan a que el llamado Procés es, sobre todo, una crisis constitucional española”.
Metodología de la investigación
La tesis doctoral incluye un compendio de artículos publicados en prestigiosas revistas científicas: Desinformación Populista en Redes Sociales: la Tuitosfera del Juicio del Procés, Disinformation and Right to Self-Determination. The Catalan Conflict on Twitter y Desinformación y derecho de autodeterminación: la población catalana en la diana.
La investigación ha seguido una metodología secuencial, en la que los resultados de cada etapa marcaban los objetivos de la siguiente, lo que ha permitido “abordar el estudio sin ideas preconcebidas de la magnitud o el origen de la desinformación jurídica en el caso de estudio, dejando que los datos hablaran por sí solos”.
En primer lugar, se realizó una escucha activa en Twitter para identificar los principales temas de conversación durante 2019, año del llamado juicio del Procés. Tras evidenciar que “autodeterminación” era el concepto jurídico más polémico, se consultó en 2020 y 2021 a 102 expertos, la mayoría doctores en derecho internacional, a los que se solicitó colaboración para conocer qué es el derecho de autodeterminación desde el punto de vista jurídico, extrayendo solamente la información objetiva.
A continuación, entre 2021 y 2022, la autora trabajó para identificar la interpretación errónea señalada por los expertos tanto en Twitter, foro preferido por los ciudadanos para hablar de política, como en la población general. El resultado evidenció una desinformación generalizada que, en el caso de Twitter, iba acompañada de emotividad negativa en el 96,5% de los casos. Fuera de las redes sociales, “el 60% de la población encuestada manifestó tener un conocimiento erróneo que sigue la estela de lo promovido por una parte de los políticos. Y otra parte que simplemente estaba poco informada”.
Comparar la percepción que tienen las personas sobre el Derecho y la Justicia ha sido el paso final de la tesis. “Estando en una misma sociedad, cabe esperar que las personas tengan una misma conciencia jurídica, es decir, una misma noción de lo que es el Derecho, la justicia o valores jurídicos determinados. En la investigación, sin embargo, sale a la luz que hay distintas conciencias jurídicas en distintos segmentos de la población”.
Precisa la investigadora cómo “salieron muchas diferencias entre los partidarios y detractores de la independencia, y entre quienes estaban a favor y en contra de la celebración de un referéndum. Se veían elementos de polarización dentro de la sociedad española y catalana, y esto implica un gran riesgo para la estabilidad democrática, porque ahonda en la creciente polarización ideológica y afectiva que ya han detectado otros estudios anteriores y que afecta de forma importante a la población española, al menos en comparación con otros países europeos”. Por eso, informa, “hay un gran riesgo de que la falta de información jurídica objetiva y adecuada siga ahondando en esta creciente polarización y sea un factor de mayor crispación social”.
Elena Llorca es licenciada en Sociología con una larga experiencia profesional en el ámbito de las tecnologías y la sociedad de la información. Recientemente, se ha incorporado a Brainstorm Multimedia, empresa valenciana de realidad virtual en la que coordina actuaciones dentro de los proyectos de I+D de ámbito europeo o nacional, aunque la investigación doctoral la realizó siendo aún responsable de proyectos de Lucentia Lab, spin-off de la UA, dedicada al big data y la inteligencia artificial. Es, además, profesora asociada del departamento de Sociología I desde 2016, donde imparte las asignaturas de Sociología del Derecho y de Cambio social en sociedades avanzadas, dentro del Master Universitario en Innovación Social y Dinámicas de Cambio. Forma parte del Grupo de Investigación universitario SOC-INNOVA (Sociología de la Innovación y el Cambio Social). Su principal interés es la investigación del impacto de las tecnologías en la sociedad, la economía y la política.
La tesis ha contado con la ayuda del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento para el Fomento de la I+D+I en la Universidad de Alicante 2018. Modalidad B: Ayudas para la financiación de proyectos de I+D+I y ha sido dirigida por los doctores María Elena Fabregat Cabrera y Raúl Ruiz Callado.
La defensa tuvo lugar el martes 21 de junio y se trata de la primera tesis doctoral del área de Sociología con doble mención industrial e internacional en esta universidad.