El fin del contrato de los servicios de retirada, inmovilización y depósito de vehículos (ORA-Grúa) en la zona azul termina este mayo en la ciudad de Alicante y eso ha abierto un proceso de replanteamiento de cómo será el futuro de su gestión. Y la comisión de Servicios ha aprobado la propuesta del Ayuntamiento para mantener la solución actual de control indirecto con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra de Compromís y EU-Podem.

El actual contrato termina el 22 de mayo sus más de doce años de vigencia: los diez originales más dos de prórroga y otro extra de 204 días por la pandemia. Y así los técnicos municipales han estado estudiando las alternativas. Desde el área de Movilidad Urbana se lanzó la propuesta de mantener el sistema actual por criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Este sería el paso previo a la licitación del nuevo contrato que ha superado este lunes con el informe favorable de la comisión de Servicios que se ha aprobado este lunes. En él se recoge que la propuesta para la gestión indirecta cuenta con la mayoría que dan los catorce concejales del PP y los cuatro de Vox. Los ocho del partido socialista se han abstenido mientras que los dos de Compromís y el de EU-Podem han votado en contra.

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El acuerdo será debatido y sometido de nuevo a aprobación definitiva en el Pleno ordinario de febrero, que se celebrará el próximo jueves 29. El equipo de gobierno defiende en su propuesta el mantenimiento del modelo actual de gestión de la ORA con gestión indirecta, en función del estudio que la acompaña en el que se acredita ila conveniencia para los intereses públicos municipales por razones de eficiencia, sostenibilidad y calidad, de mantener la gestión indirecta, como forma de gestión de los servicios públicos ORA-Grúa".

Así lo afirma la propuesta de acuerdo elaborada por la concejalía de Movilidad Urbana tras comparar eficiencia, medios técnicos y costes. De la misma forma se pronuncia tanto la Asesoría Jurídica municipal como el área de Economía y Hacienda en sus respectivos informes.

El informe jurídico y económico elaborado por los despachos de Broseta e Ingartek apunta que si se cambiase a gestión directa "el Ayuntamiento tendría que asumir los costes de personal, incorporando su antigüedad, en el supuesto de que se produjese la subrogación de la plantilla actual con el consiguiente incremento presupuestario y de masa salarial, lo que podría conculcar la Ley de Presupuestos del año correspondiente", mientras que con una gestión indirecta se "derivan ciertos riesgos operacionales a la empresa que pueda resultar adjudicataria del servicio y que no tendría que asumir el ayuntamiento".

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El informe también llega a la conclusión de que crear una empresa pública conllevaría mayor gasto que la gestión indirecta. "Una empresa pública de gestión directa, al asemejarse en su estructura a una empresa privada, conduce a equiparar sus costes. Sin embargo, para alcanzar la economía de escala de una empresa privada, necesita alcanzar un nivel de negocio, que en ciudades de tamaño medio no es posible", finaliza.