Un juzgado de Alicante reabre la causa por los contratos irregulares del Teatro Principal y señala a Padilla

A principios de enero EL ESPAÑOL de Alicante desveló unas denuncias en vía laboral y de trabajadores subcontratados por el Teatro Principal tras ser despedidos. La causa pasó a vía penal cuando una azafata del coliseo alicantino denunció los hechos en Fiscalía Anticorrupción y en la Comisaría de la Policía Nacional en febrero. La denuncia fue incoada y archivada, pero un escrito del fiscal Anticorrupción de Alicante, Pablo Romero, ha forzado a su reapertura judicial.

De este modo, el pasado 12 de abril el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante reabrió el caso apoyado en vía laboral por el abogado del Sindicato Independiente, Rafael Ramos, "accediendo a lo solicitado por el Ministerio Fiscal" en la causa abierta contra Carlos Formigós Padilla (hijo de la subdirectora del teatro), María Dolores Padilla (subdirectora del teatro) y Sonia María Blasco, responsable de la empresa contratada para proveer de montadores y azafatas al coliseo.

En este punto añade: "sin perjuicio de la posible participación en los hechos de quien fuera director del Teatro Principal en el periodo comprendido entre 2015 y 2019, Francisco Sanguino". Y es que durante esa época Padilla era conejal del PP de Alicante y Sanguino se presentó en 2019 como alcaldable del PSOE de Alicante.

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El fiscal en su escrito apunta a el fraude en la contratación, fraccionamientos de servicios, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Por eso ha solicitado al teatro que remita la documentación exigida en su escrito.

Romero asegura en su escrito al juez que "existen indicios suficientes según los datos aportados en la denuncia, que permiten inferir la posible comisión de los delitos de prevaricación (...) y fraude (...) dada la continuada adjudicación realizada por María Dolores Padilla Olba de los servicios relativos a azafatas y montaje del Teatro Principal de Alicante a favor de las empresas vinculadas a Sonia Blasco Rebollo".

Sector Público

En el trasfondo de la causa subyace el hecho de que el Teatro Principal de Alicante debe ajustarse a las leyes de contrataciones del sector público ya que es propiedad de una "comunidad de bienes" con dos administraciones implicadas (Ayuntamiento de Alicante y Generalitat Valenciana al 66%), además del Banco Sabadell.

Padilla, en declaraciones a EL ESPAÑOL aseguró en enero que existe el contrato con la empresa proveedora de trabajadores para montaje y la sala (Go Group Madrid Staff and Events SL, y Roi Plus Outsourcing & sales SL), pero que "no se necesitó de un procedimiento administrativo ni está en ninguna plataforma de transparencia porque el Principal es una empresa mixta".

Previamente, el fiscal sostiene que según la denuncia "tanto las azafatas como los técnicos de montaje del teatro ha sido suministrados, desde el año 2005, por diferentes mercantiles ligadas a la persona de Sonia María Blasco Rebollo, que comenzó a través de empresa SINERESIS SL, si bien a partir del año 2010 esta mercantil fue absorbida por CPM Expertus".

"Aunque Sonia Blasco -continúa el escrito del fiscal- era su responsable en Alicante. En 2020 esta empresa cesa sus actividades, si bien la señora Blasco sigue prestando los mismos servicios a través de la sociedad Roi Plus Outsourcing SL y de GO Group SL, empresa vinculada A Roi Plus. Estas dos empresas comparten domicilio social".

El hijo de la subdirectora

Además, el fiscal añade que según la denunciante, el hijo de Padilla "ha estado vinculado laboralmente a las mercantiles vinculadas a la señora Blasco que de forma directa han sido adjudicatarias de los servicios a los que ha hecho mención".

El fiscal ha solicitado que el teatro informe sobre las normas que regulan su funcionamiento, organismos que lo participan, normas de funcionamiento interno, identidad de las personas que han desempañado las funciones directivas desde el año 2004 hasta la fecha.

Y dice explícitamente: "señalando la persona que ha tomado las decisiones relativas a la adjudicación de los contratos relativos a los servicios de azafatas y de montaje de escenarios, especificando las empresas a las que ha atribuido este servicio desde el año 2004 debiendo señalar la identidad de la persona que ha actuado en representación de la empresa adjudicataria".

Todos los personados tienen un plazo de 5 días para presentar un recurso de apelación si así lo estiman oportuno desde el 12 de abril.