Después de numerosos meses de tramitación, la nueva ordenanza sobre Convivencia Ciudadana de San Vicente del Raspeig será aprobada de manera definitiva el próximo miércoles 30 en sesión plenaria. Y lo hará, como en el caso de Alicante ciudad, con polémica. 

En un primer momento, el entonces equipo de gobierno de PSOE y Esquerra Unida sacó adelante el texto de manera provisional en diciembre del año pasado, contando únicamente con el apoyo de Podemos, formación que ha entrado en el ejecutivo en febrero de este año; solo Ciudadanos votó en contra, mientras que PP y Vox optaron por la abstención. 

Ahora, el tripartito la presentará a pleno de nuevo después de tumbar un par de alegaciones que no han sido tenidas en cuenta. En una de ellas, presentada por el exconcejal de Presidencia por las filas socialistas, Manuel Martínez Sánchez, no se atiende su demanda para retirar el artículo 41.2 que dice textualmente:

"Queda igualmente prohibido el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos. Se considerarán incluidos en este supuesto, entre otros comportamientos, la limpieza de los parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o en la vía pública así como el ofrecimiento de cualquier objeto y realizar la actividad de aparcacoches, conocidos vulgarmente como “gorrillas” excepto cuando cuenten con autorización municipal". 

En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso este medio, el que fuera regidor socialista hasta su renuncia en 2017 por sus diferencias con el que sigue siendo alcalde, Jesús Villar, defiende esta actividad de los 'gorrillas' al afirmar que "el cumplimiento de ciertas normas puede volverse imposible para aquellas personas que no tienen otro medio de subsistencia".

Asimismo, considera que la medida "desprende aporofobia y que supone un prejuicio respecto a una futura conducta del pobre que pide", así como que es una "estrategia para invisibilizar" a los "colectivos" que se ven relegados a dicha subsistencia, señala este trabajador social.

Versión del concejal

Preguntado al concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Ferrándiz Beviá reconoce que si bien en San Vicente del Raspeig existen "pocos 'gorrillas'" en comparación con las grandes ciudades, defiende la norma "porque lo que se pena es la conducta y no la persona". 

También asegura que "no tienen por qué ser personas vulnerables" las que ejerzan esta actividad, "porque es algo que podría hacer yo o cualquiera para sacarme diez euros por ejemplo para tabaco", añade. 

Comparado el carácter del artículo con los de la ordenanza de Alicante que sancionan a personas mendigas y prostitutas, dice que "puede que sea similar, pero yo no le veo mucha relación". "En mendicidad puedes usar a menores o a personas que por enfermedad les falte algún miembro como una pierna para intentar dar lástima", apostilla. 

"De todas formas, en Alicante no van a poder pagar estas sanciones", comenta. ¿Y en San Vicente sí? Le preguntamos. "Si son personas vulnerables, tampoco podrán hacer frente" al pago de la multa, reconoce, cuya calificación es de sanción "leve" y el importe asciende a 200 euros. 

En la sombra 

Por último, se da la circunstancia de que el exedil socialista que ha tratado de evitar que sancionen a estos aparcacoches -y que ha presentado estas alegaciones a título personal- era la mano derecha del alcalde Villar en el anterior mandato hasta su dimisión, llegando a ejercer como portavoz.

Ahora, sin cargo público, ha vuelto a ganarse la confianza de un de por si debilitado primer edil en su intento de volver a optar a la alcaldía en 2023, para la cual ha situado precisamente a su actual mano derecha en el Ayuntamiento, la concejala Asun París, como aspirante a la secretaria local. El objetivo es unir al partido y obviar los numerosos escándalos que han marcado este mandato.