Los delitos en Alicante doblan la media de España por falta de policías: "Es para echarse las manos a la cabeza"

El tiempo pasa en Alicante. Los precios de la vivienda suben, cada vez llegan más turistas, hace más calor y hay más criminalidad. Todo se incrementa, o casi todo. Los policías nacionales son los mismos año tras año mientras los delincuentes se multiplican.

Los delitos en España han crecido un 5,9 % en 2023 respecto al 2022. Datos que la provincia casi duplica con una subida del 11, 3 %. La plantilla provincial actual es de, aproximadamente, 2.300 policías nacionales. Teniendo en cuenta que hay 1.955.000 alicantinos, eso supone un agente por cada 850 personas.

Cantidad insuficiente para hacer frente a los desafíos de un territorio que soporta una gran población flotante, sobre todo, en verano. Además de su propio crecimiento demográfico, donde es líder en toda España con un 2,5 % en 2023.

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Con la inminente llegada de miles de chanclas y maletas, la preocupación se incrementa. El sindicato JUPOL en Alicante, mayoritario en la Policía Nacional, ve como "una necesidad urgente" aumentar la plantilla para poder garantizar la seguridad de alicantinos y extranjeros.

En la ciudad de Alicante hay 30 policías nacionales por cada 10.000 habitantes. Una cifra que es aún menor en algunas localidades de la provincia como Elche, que solo dispone de 22 para la misma población, Alcoy, con 17 policías u Orihuela con 16 agentes para cada 10.000 ciudadanos. 

El secretario provincial de JUPOL, David García, señala que debería haber refuerzos. "Ya faltan durante el resto del año un 30 %, así que en verano se necesitan muchos más efectivos", asegura.

Si aumentan la plantilla sería un logro, pero la principal reivindicación de la organización es tener más gente durante todo el curso, ya que de lo contrario sería tan solo "un parche" y dejaría el problema sin resolver. 

"El número ideal seria disponer entre 40 y 50 agentes por cada 10.000 habitantes", comenta el responsable, lo que equivaldría a aumentar la plantilla en 600 policías. "No podemos multiplicarnos, es una situación que afecta al ciudadano", lamenta García.

Aumento preocupante

Las estadísticas refuerzan su postura. En gran parte de las provincias ha aumentado la ciberdelincuencia, pero no se da el caso en Alicante. No porque no haya crecido respecto a otros años los delitos en la red, sino porque otros crímenes más graves los han sobrepasado. 

Los secuestros han crecido un 40 %, las estafas un 39 %, los robos con violencia un 25 %, asesinato en grado de tentativa un 23 %. Situación similar se vive en la Comunitat Valenciana con una subida del 25 % del tráfico de drogas.

En la capital provincial, que triplica el aumento nacional de delitos con un 16,4 %, la cosa se complica. Hubo un 300 % más asesinatos, cifra inflada por los pocos casos. También se han disparado un 32 % los robos con violencia e intimidación, así como los robos en domicilios y establecimientos.

"Sonde los más graves que puede haber", indica García. Los agentes lo notan más allá de los números. "Los calabozos están llenos todos los días del año, en verano crece, pero el resto del tiempo están en niveles altos, algo muy preocupante", subraya.

No dan abasto porque tienen mil frentes abiertos. Trabajos como custodias en el hospital, traslados, la llegada de pateras o las denuncias les ocupan varias horas y hacen que haya menos seguridad en las calles, donde se cometen los crímenes.

Un coche para toda la ciudad 

Poniendo como ejemplo la ciudad de Alicante, García indica que, en los fines de semana, "puede haber cinco coches en el hospital parados tres o cuatro horas, llegando a haber momentos en los que hay un solo coche para toda la ciudad. Es para echarse las manos a la cabeza".

Eso sin tener en cuenta otras secciones como Extranjería o Policía Científica, que no pueden soportar la carga de trabajo, al igual que los especialistas en delitos económicos. "No pueden investigar 20 casos al día, las denuncias se retrasan meses por el 'taco' que tienen sobre la mesa", destaca.

Por ello, desde JUPOL defienden un incremento del catálogo de puestos de trabajo, que lleva sin actualizarse de manera estructural desde el año 2008, para poder hacer frente en condiciones óptimas a "la nueva realidad delincuencial que se vive en la provincia".