Las defensas del alcalde de El Campello, Juan José Berenguer (PP), del exalcalde Benjamín Soler (Compromís), de tres exediles y de una funcionaria del ayuntamiento de ese municipio, acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa por un supuesto fraccionamiento de contratos relacionado con el mantenimiento de una fuente y de la depuradora de un edificio, han pedido la nulidad de la instrucción como cuestión previa en el inicio del juicio señalado este miércoles en la Audiencia de Alicante.

Los letrados que representan a los seis procesados han argumentado que la primera prórroga del plazo de instrucción de la causa, tras el vencimiento de los primeros seis meses de investigación, se acordó de manera extemporánea, una vez transcurrido ese plazo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo que han planteado que debería acordarse la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mes de julio de 2019.

El planteamiento ha motivado que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular, ejercida por la agrupación local de Esquerra Unida (EU), que denunció los hechos, hayan solicitado a la sala un aplazamiento de la vista para estudiar la respuesta a esa petición, informa Efe.

[Persecución de película en El Campello a un menor de 14 años por conducir en dirección contraria y a alta velocidad]

De este modo, el tribunal de la Sección Primera que enjuicia los hechos ha suspendido la celebración del juicio hasta mañana jueves, cuando las acusaciones expondrán su informe respecto a la solicitud de las defensas. Será entonces cuando la sala resolverá si procede aceptar la petición de las defensas y, en consecuencia, si se anula la instrucción posterior, lo que conllevaría el dictado de una sentencia absolutoria para el conjunto de los acusados, según ha explicado la letrada María Moreno, en representación de uno de los exconcejales encausados. En caso contrario, se reanudaría la celebración del juicio con la declaración de los procesados.

Los hechos objeto de juicio se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2019. La Fiscalía sostiene inicialmente que los cinco responsables políticos procesados y la funcionaria municipal fraccionaron el objeto de los servicios de mantenimiento y explotación de la Fuente del Centenario y de la depuradora del edificio de Cala Merced, dividiendo su precio en diversas facturas presentadas mensualmente por las empresas suministradoras.

Esas facturas reflejaban importes de entre 15.000 y 18.000 euros establecidos como límite por la normativa de contratación pública para la convocatoria de un proceso de licitación abierto a la concurrencia de empresas interesadas, lo que permitía que los trabajos se adjudicasen de forma directa como contrato menor de servicios.

La Fiscalía sostiene que, en su conjunto, esos pagos alcanzaron un total de 380.000 euros: 130.000 por lo que respecta a los trabajos relacionados con la fuente y 250.000 los motivados por la depuradora.

La acusación pública solicita inicialmente para los representantes políticos penas de inhabilitación especial para cargo público de alcalde o concejal de cualquier corporación local por un periodo de 13 años. Para la empleada pública pide una pena de inhabilitación especial para ejercer funciones de técnico al servicio de cualquier corporación local por los mismos años.