La Abogacía de la Generalitat estudia ya el recurso que se presentará contra la negativa del Tribunal Supremo a suspender cautelarmente los caudales ecológicos del Tajo para 2026 y 2027, según ha anunciado el presidente Ximo Puig, a quien el PP ha reprochado que no recurriera "el principal hachazo" al trasvase al Segura.
El PSPV-PSOE ha acusado a los populares de hacer "electoralismo" con el trasvase y buscar una "guerra del agua" cuando lo que hay que hacer es una "defensa inteligente en el ámbito judicial"; el PP ha reprochado a Puig que no busque un frente común, y la patronal alicantina ha lamentado la "incapacidad" de los políticos para acordar.
Un día después de conocerse la decisión del Supremo de desestimar el recurso de la Generalitat que pedía la suspensión cautelar de los caudales ecológicos del Tajo para 2026 y 2027, para paralizar el recorte del trasvase al Segura, Puig ha destacado en Alicante que hay "argumentos suficientes" para recurrir esa decisión.
Tras hacerse una foto de familia con la candidatura socialista a las Cortes por Alicante para los comicios del 28M, el también secretario general de los socialistas valencianos ha explicado a los medios que la resolución del Supremo es una "mala noticia" y se recurrirá en los próximos días, para intentar que se tomen medidas cautelares que evitar la actual incertidumbre a un sector relevante.
El recurso se centrará en que no se deben adoptar ahora decisiones definitivas y "a futuro" sobre el caudal ecológico del Tajo, un caudal con el que la Generalitat está de acuerdo en que se fije, pero "en función de la realidad de las masas del agua" en el momento en que corresponda, ha explicado Puig.
Por ello, ha abogado por que en 2025 "se haga una nueva evaluación" una vez que se ejecuten las obras previstas en depuración en la Comunidad de Madrid, porque "el problema del Tajo no está aguas abajo sino aguas arriba", y otras infraestructuras de modernización de riegos en las cuencas.
Puig ha insistido en la necesidad de no entrar en las "guerras del agua" que, en su opinión, plantea un PP que cuando gobernó no hizo "absolutamente nada" para solucionar el problema y con el que se trasvasaron 400 hectómetros cúbicos menos al Segura, y en garantizar que la "huerta de Europa" tenga capacidad propia de suministro.
El PP: no se recurrió el primer aumento de caudal
El presidente del PP de la Comunidad Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lamentado que se hayan "tumbado las primeras medidas cautelares" y ha reprochado a Puig que no recurriera "el principal hachazo" al trasvase del Tajo-Segura: el primer incremento del caudal ecológico del Tajo.
Mazón ha destacado que Puig no solo no ha recurrido el primer incremento del caudal ecológico del Tajo, aplicable de forma inmediata a la entrada en vigor del real decreto 35/2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, sino que se abstuvo en esta cuestión en el Consejo de Agua.
Ha señalado que ahora habrá que ver qué pasa con el recurso que presentó la Diputación de Alicante, institución que Mazón preside, en el que sí que se pidió la suspensión de ese primer incremento del caudal ecológico que, según ha afirmado, ya están "sufriendo".
El dirigente provincial ha recordado que ofreció a Puig sentarse, compartir informes, hablar con los técnicos e ir juntos a defender el agua que necesita la provincia de Alicante, pero no quiso escucharle: "Le dijimos: vas a perjudicar a todos, vas a perjudicar a la provincia de Alicante, vas a perjudicar a la Región de Murcia, vas a perjudicar a los agricultores por no querer ir juntos, ni siquiera estudiarlo, ni siquiera analizarlo".
CEV Alicante reclama un pacto por el agua
Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana en Alicante, su presidente, Joaquín Pérez, ha calificado de "muy negativa" la decisión del Supremo y ha reclamado un pacto estatal del agua que asegure la cantidad de agua necesaria para el bienestar social y el desarrollo socioeconómico de la provincia y de la Comunidad.
CEV Alicante lamenta que los partidos políticos "no hayan sido capaces" de llegar a un acuerdo en un asunto "estratégico" para el país y que haya acabado judicializado, lo que denota "la incapacidad de los representantes políticos para negociar y llegar a un acuerdo, y supone un fracaso colectivo".
La patronal alicantina defiende la necesidad de un plan "que sea riguroso técnicamente y viable económicamente" y alerta de la necesidad de entenderse y dejar a un lado el enfrentamiento entre territorios, pues el problema del agua "no es solo de los agricultores", sino también del turismo y la industria.
Y desde Murcia, el portavoz de su Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha confiado en que el recurso presentado por la comunidad autónoma para pedir la suspensión de aplicar los nuevos caudales ecológicos del río Tajo "no corra la misma suerte" que el solicitado por la Comunitat Valenciana.
Ortuño ha subrayado que el Ejecutivo murciano no ha compartido desde el primer momento los argumentos judiciales de la Generalitat en su recurso, ya que esta "aceptaba el recorte ya en vigor" del trasvase Tajo-Segura y dirigía sus peticiones hacia los recortes previstos para 2026 y 2027; en su opinión, el recurso murciano está "bien fundamentado desde el punto de vista técnico y jurídico".