La Policía Nacional ha detenido a varias personas e investiga a centenares, en su mayoría abogados, por su supuesta relación con una mafia de venta de citas para obtener papeles de Extranjería, y en la que detrás hay un 'hacker' informático. 

El operativo se ha saldado con arrestos en varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Valencia, todo coordinado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, y los investigadores atribuyen a los implicados delitos informático, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los extranjeros.

El citado "hacker", principal investigado en el operativo, tenía un sistema de bots informáticos que bloqueaba de forma automática las citas ofrecidas en una web oficial para los trámites de Extranjería.

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Posteriormente vendía dichas citas a abogados expertos en esta materia y a otros interesados por distintos canales y a cambio de precios que oscilaban entre los 400 y los 1.000 euros, según la urgencia o relevancia del trámite por el que se había expedido, han precisado a EFE las fuentes.

La Policía arrestó en el marco de la operación a este "hacker", quien está colaborando con los investigadores y al que se atribuye un delito informático contra las instituciones del Estado, mientras que a los abogados investigados se les atribuye este delito como colaboradores o cooperadores.

En la causa constan las facturas que el experto informático remitía por la adquisición de las citas prioritarias, que en el concepto ponían "robot marketing".

El despacho Ospina Abogados, experto en delitos informáticos, defiende a algunos de los letrados investigados, quienes asegura que desconocían la naturaleza delictiva de las mencionadas citas, por lo que confía en que el procedimiento penal no tenga recorrido.

Otros sucesos

Por otro lado, la Audiencia de Alicante ha condenado a tres años de prisión a un hombre, de 43 años, que trabajaba como vigilante de seguridad en un complejo residencial de la ciudad de Alicante, y en el que llevaba a cabo la venta de cocaína a terceros. 

En algunas de esas transacciones, el acusado se citaba con sus clientes en las dependencias del propio complejo en el que trabajaba, concreta la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia, que detalla que el procesado fue detenido el 22 de junio de 2022 después de que agentes de Policía Nacional fuesen testigos directos de 'un pase' de droga efectuado en el bar de la urbanización.

Acto seguido, los agentes inspeccionaron el domicilio del detenido después de que éste expresase su consentimiento y en él, se intervino una cantidad de 66,96 gramos de cocaína, con un grado de pureza del 64,5 % que habría alcanzado un valor de 5.003 euros tras su distribución en el mercado ilícito, según la sentencia.

El acusado asumió la autoría de los hechos y aceptó la acusación formulada por la Fiscalía en el inicio del juicio, el pasado 5 de mayo, por lo que no fue necesaria la continuación de la vista, una vez alcanzado el acuerdo de conformidad.

Así, la sentencia impone la pena de tres años de prisión por un delito contra la salud de sustancias que causan grave daño a la salud, aunque la privación de libertad queda suspendida durante un plazo de tres años siempre que el condenado no vuelva a delinquir y continúe sometiéndose al tratamiento de deshabituación, al haber quedado acreditada su adicción a las drogas como atenuante.