La Audiencia Provincial de Alicante acogerá el próximo lunes el juicio a un hombre acusado de cobrar durante 13 años la pensión de su abuela muerta. La particularidad es que Fiscalía ha incluido a la entidad bancaria que abonaba ese dinero como responsable civil subsidiaria de la estafa, al "entender que no cumplió su obligación de control".
Los hechos ocurrieron en Alicante, donde, según la acusación del Ministerio Público, el acusado percibió entre el año 2000 y 2013 un total de 85.787 euros en concepto de pensión de su abuela que ya había fallecido.
Por estos hechos Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de prisión por un delito de estafa, mientras que considera que el banco que abonaba ese importe no cumplió adecuadamente con su labor de control, por lo que lo incluye como responsable civil subsidiario. En otras palabras: le hace responsable de devolver el dinero en caso de que quien se sienta en el banquillo acabe condenado y no pueda abonarlo.
Lo cierto es que este tipo de casos no son para nada habituales, aunque ha habido algunos bastante sonados por el alcance que han tenido. Hace unos años, por ejemplo, la Policía Nacional destapó un fraude de 2 millones de euros a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, mediante el cobro de pensiones de personas fallecidas.
En uno de los casos, una mujer de Madrid estuvo cobrando durante 31 años la pensión de su madre, aunque había muerto en 1985, y otra de las defraudadoras declaró a la Policía que seguía recibiendo la paga de su progenitora porque "aún no había asumido su fallecimiento" y consideraba por ello que tenía derecho a cobrarlo.
Las investigaciones, según un comunicado de la Dirección General de la Policía, comenzaron después de que la Tesorería General de la Seguridad Social, como organismo pagador de las pensiones, detectase varios casos en los que seguían siendo abonadas las mensualidades de la prestación a personas fallecidas, sin que se diese ninguna explicación de por qué se mantenía esa prestación.
Durante la investigación se revisaron 27 expedientes e investigadas 62 personas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,27 euros a la Seguridad Social, por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales.