Una mujer se enfrenta a partir de este lunes a una petición de 7 años de prisión por obligar a varias mujeres captadas en Colombia a ejercer la prostitución en un local de carretera de la N-332, en San Juan, con la amenaza de hacer daño a la familia en el país de origen.
Además de la principal encausada, que es la gerente del prostíbulo, la Fiscalía también pide 5 años de cárcel para otras dos mujeres como cooperadoras necesarias ya que quedaban de encargadas del local cuando no estaba la primera y también realizaban tareas de vigilancia de las víctimas y se apoderaban del dinero que pagaban los clientes.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio por estos hechos tipificados como un delito de trata está previsto para este lunes a partir de las 10 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, con una segunda sesión el 30 de marzo.
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La acusación pública considera que las víctimas eran captadas en Colombia por una persona de confianza de la principal procesada, que les pagaba el viaje a España y que cuando llegaban a Alicante les anunciaban que habían contraído una deuda de 2.000 euros, que debían pagar mediante el ejercicio de la prostitución.
Si las mujeres se negaban, las procesadas las amenazaban con hacerle daño a su familia en su país de origen.
Abusos a una menor
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Alicante celebrará este jueves el juicio de un hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada de una menor de edad, que tenía cuatro años en el momento de los hechos, y de grabar un vídeo de dichos abusos.
Según sostiene la acusación pública, el 17 de septiembre de 2019 el procesado, amigo de los padres de la niña, la llevó a su casa, en un municipio de la provincia de Alicante, y la sometió a tocamientos en sus partes íntimas. El hombre grabó los abusos con su teléfono móvil.
El Ministerio Público mantiene que el hombre ya había abusado de la niña en dos ocasiones anteriores, una en un centro comercial y otra vez en el restaurante donde trabajaba el padre de la menor.
La acusación pública pide para el encausado una pena de prisión de 13 años por un delito continuado de abuso sexual y otro delito de producción de pornografía infantil.