FOPA pide la unificación de criterios entre consellerias sobre los precios de las obras públicas

El presidente de la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA), Javier Gisbert, ha solicitado al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, la armonización de criterios entre las diferentes consellerias en materia de revisión de los precios de los concursos públicos, una de la cuestiones a las que se enfrenta el sector de la obra pública en la Comunidad Valenciana.

En la reunión mantenida hoy han participado – además del conseller – el subsecretario de la Conselleria, Daniel González; la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira; y la subdirectora general de la Junta Superior de Contratación Administrativa, Margarita Vento.

La reunión, celebrada de manera conjunta con representantes de Fecoval, ha sido calificada de “muy provechosa, donde hemos encontrado mucho ánimo de colaboración por parte del Conseller, lo que nos permite tener confianza en lograr algunas de las reivindicaciones que afecta al conjunto del sector”, según indicó.

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Entre los temas tratados con el conseller también se ha abordado la fijación de criterios y sobre la aplicación de la Ley de Contratos Públicos y la concreción en cuanto a clasificación y cláusulas sociales. El presidente de FOPA ha destacado de la reunión la cuestión de “incluir la aplicación de la revisión de precios en los contratos públicos, siguiendo lo establecido en la Guía que creó la Conselleria de Hacienda con gran acierto y reconocimientos en otras comunidades autónomas”.

Además, Gisbert ha añadido que “es muy importante el compromiso del conseller para que actúe como interlocutor con el Gobierno de España, con el que necesitamos algunas respuestas a peticiones que tienen que ver con los últimos decretos de revisión de precios, sobre todo para solventar lagunas importantes que no han sido recogidas en las últimas revisiones”.

FOPA ha agradecido la predisposición del conseller de actuar de mediador entre los intereses del sector de la Comunidad Valenciana y los responsables de la Administración Central, puesto que gran parte de las decisiones normativas son de carácter estatal.