La Fiscalía de Alicante ha pedido una pena de tres años de prisión para el actual presidente del Hércules, Carlos Parodi, por un presunto delito de alzamiento de bienes en el traspaso de un jugador, Abde, al FC Barcelona. Para los otros implicados en la supuesta trama, el presidente de la Fundación Hércules, Valentín Botella, y el patrono José León, solicita dos años y medio de cárcel.
El fiscal considera de este modo a estos tres imputados culpables de la ocultación a la Agencia Tributaria de los dos millones de euros que el club cobró por el traspaso del jugador.
[La Fiscalía denuncia al Hércules por un presunto alzamiento de bienes en el traspaso de un jugador]
Tal como publicó EL ESPAÑOL, los hechos bajo sospecha ocurrieron entre agosto y septiembre de 2021, cuando se habrían troceado los dos millones procedentes fichaje de Abde en 34 cheques nominativos con el Hércules como beneficiario. 33 de ellos tendrían un valor unitario de 60.000 euros y el último por 15.770 euros.
El Ministerio Público considera que para realizar esta operación el club propiedad de Enrique Ortiz abrió otra cuenta en Caja Rural Central y que los cheques se fueron ingresando de manera escalonada de la mano del propio presidente durante meses para que el club realizase determinados pagos.
Esto en teoría permitió esquivar el control de Hacienda y que esa cantidad fuese a cubrir parte de la deuda que mantiene con la organización estatal.
La investigación continúa
El pasado mes de septiembre la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante dictó un auto en el que acuerda incoar procedimiento abreviado contra el Hércules Club de Fútbol, su Fundación y varios de sus directivos, al entender que "de las diligencias practicadas aparecen acreditados indiciariamente" un posible delito de alzamiento de bienes.
Entre los investigados, según señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en un comunicado, también están el Hércules Club de Fútbol SAU y la Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante como personas jurídicas.