El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en la Comunidad Valenciana a 60.503 hogares y a un total de 171.403 personas desde su puesta en marcha en junio de 2020 y hasta el mes de septiembre de 2022, lo que la convierte en la segunda autonomía con más beneficiarios, tras Andalucía y por delante de Madrid.
Esta prestación, que beneficia especialmente a mujeres y menores, ha llegado, a nivel nacional a 509.574 hogares y a un total de 1.406.850 personas.
Son datos acumulados a cierre de la nómina de septiembre y facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Dos de cada tres titulares de la prestación son mujeres (338.982 frente a 170.592 hombres) y en total el IMV ha llegado a más mujeres (767.709) que a hombres (638.881), mientras que un 42,4 % de los beneficiarios son menores (597.179).
Por tipo de hogar, según informa el ministerio, son mayoría aquellos en los que al menos un menor figura entre los beneficiarios (327.398 hogares, un 64,2 % del total) y son ya 272.913 prestaciones las que reciben el Complemento de Ayuda a la Infancia.
Se trata de una ayuda de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. Entró en vigor el pasado 1 de enero.
Andalucía es la comunidad con más beneficiarios (152.000 hogares y 437.050 personas), seguida de Comunidad Valenciana (60.503 hogares y 171.403 personas) y Madrid (48.738 hogares y 141.193 personas).
Concepto y objetivo del IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación "dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas".
Se configura "como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica", según explica el Gobierno de España. Persigue "garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias".