Las encuestas que vaticinan un empate técnico entre bloques en la Comunidad Valenciana (con una ventaja en los últimos meses para la derecha) dibujan una complicadísima batalla electoral en un territorio clave para la izquierda en toda España. La región es uno de los centros de poder socialista, y, a ocho meses de las autonómicas, un resultado incierto deja en el aire la continuidad del Gobierno Botánico, símbolo del cambio de ciclo en un feudo gobernado durante décadas por la derecha.
La estrategia del actual presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, quedó marcada en el último congreso del PSPV, celebrado en Benidorm hace justo un año: "Tenemos que ser el partido de la mayoría de los valencianos". Y esa apuesta pasa por centrar posturas allí donde sus socios en el Consell, Compromís y Unidas Podemos, tensionan más a la izquierda, como por ejemplo la tendencia a mantener una mayor carga impositiva.
La Comunidad Valenciana es una de las regiones de España que cobra más impuestos a sus ciudadanos. Algunos de ellos, como el impuesto de sucesiones y donaciones, fueron inflados en la época del PP de Alberto Fabra, y mantenidos y ampliados posteriormente por la izquierda durante los siguientes siete años.
El resultado es que, según el último estudio de la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, la Comunidad fue en 2021 la segunda región menos competitiva del país desde el punto de vista fiscal, solo por detrás de Cataluña. En el lado opuesto de la balanza se encuentran Madrid y las tres provincias vascas.
El contexto de inflación por encima del 10 % y el incremento de costes de la energía de los últimos meses ha golpeado a las clases medias y trabajadoras, lo que ha servido de punta de lanza programática al presidente del PP valenciano, Carlos Mazón. El líder popular eligió precisamente una bajada de impuestos como tarjeta de presentación en Valencia, con el punto de mira puesto en el relato del "infierno fiscal" que contrarresta los ataques que el Ejecutivo valenciano contra el presunto 'dumping' fiscal de Madrid.
Y el PSOE valenciano, tradicionalmente aliado con la tesis de que los impuestos pagan unos servicios públicos infrafinanciados por el Estado, ha rechazado entrar en el debate de una posible rebaja. Hasta ahora.
El pasado 5 de septiembre Ximo Puig inició el curso político valenciano con una anunciada rebaja de impuestos "para combatir la inflación". Aunque aún no se ha concretado en qué consistirá, sí ha avanzado que estará lista "en las próximas semanas" y entrará en vigor con la aprobación de la ley de medidas fiscales, más conocida como ley de acompañamiento al presupuesto autonómico.
Más aún: la líder de Compromís, Aitana Mas, ya ha deslizado que su partido no está de acuerdo con un descenso generalizado de impuestos, lo que anticipa una posible -y calculada- batalla preelectoral en el seno del Botánico.
De momento, y para curarse en salud, Puig ha querido marcar distancias con su principal rival político al asegurar que "cuando la derecha habla de bajar impuestos, habla de bajar impuestos a aquellos que pagan más, a los que han de pagar más". "Pero la reforma en la que se trabaja afectará a las clases medias y trabajadoras, a quienes tienen más dificultades ante la crisis inflacionaria", ha dicho.
De Ciudad de la Luz a la Copa Davis
Esta tendencia a centrar el discurso, acercándolo a posturas que hasta hace poco eran un anatema en algunos coros socialistas, no es competencia exclusiva de la fiscalidad.
Las declaraciones de Puig hace unos días sobre la celebración de la Copa Davis en Valencia recuerdan sobremanera a las pronunciadas por los consellers de Francisco Camps, cuando se acuñó el término del turismo de grandes eventos: "Somos territorio de oportunidades". Y esas oportunidades pasan por utilizar
Tanto Puig como el PSPV de manera general y la izquierda valenciana han abominado durante años de la estrategia de vincular la marca turística regional a grandes competiciones o infraestructuras, algo que usualmente requiere unas ingentes cantidades de dinero.
Pero aún así se ha mantenido la apuesta por la Vuelta al Mundo a vela desde Alicante, y en el último año la Generalitat se ha volcado con la organización de los Goya desde la capital del Turia, se ha atado la celebración del Benidorm Fest con la colaboración de RTVE y de la propia Copa Davis. Lo que es más sintomático: se ha rescatado la gestión de la alicantina Ciudad de la Luz, uno de los símbolos de la época de grandes eventos del PP y parte de la hipoteca reputacional de aquella gestión. Tras el borrón y cuenta nueva, la Generalitat ya buscan aliarse con multinacionales para atraer rodajes este invierno.
Esta nueva postura supone un evidente distanciamiento de la declaración de intenciones que hizo el propio Ximo Puig en 2016, cuando era candidato a la Presidencia de la Generalitat: "Nuestros grandes eventos son nuestras fiestas".
La cita se convirtió en una declaración de intenciones durante unos años en los que la política turística del tripartito ha estado marcada por la sobriedad y el perfil bajo. Pero es evidente que ese equilibrio se ha roto recientemente conforme se acerca un horizonte electoral ajustado, y el efecto dominó de la macroeconomía amenaza con desgastar a los partidos con responsabilidades de Gobierno.