El pleno de las Cortes Valencianas.
El requisito lingüístico de los funcionarios y la barrera electoral, los dos escollos parlamentarios del Botánico
PSPV-PSOE, Compromís y Unidas- Podemos se enfrentan al desafío de mantener la unidad del ejecutivo valenciano en la convulsa época preelectoral.
7 septiembre, 2022 02:12¿Moderar el mensaje en busca del voto del centro o extremarlo para mantener movilizada a la izquierda? Esa es la gran pregunta que se hace el Gobierno Botánico de la Comunidad Valenciana. Sobre todo el PSPV-PSOE de Ximo Puig, quien tiene capacidad de cambiar el relato. Porque sus socios, Compromís y Unidas-Podemos, no parecen estar por la labor.
Los últimos sondeos no son favorables para la entente de izquierdas. El que publicó EL ESPAÑOL el pasado mes de julio preveía una bajada considerable de Compromís del 16,5 al 11,9% y de Unidas-Podemos del 8% al 7,8%. Un sondeo del pasado fin de semana en el diario Levante incluso dejaba a Unidas-Podemos fuera de las Cortes Valencianas con un 3,8%, manteniendo a Compromís por debajo del 13%.
Las reacciones a estas previsiones por parte del líder de Podemos en la Comunidad, Héctor Illueca, fueron más agresivas de lo esperado y el lunes manifestó que los datos se justificaban en "la decadencia del PSPV-PSOE". Entretanto, Puig anunciaba una rebaja de impuestos que no concretó. El enfado de los socios fue a más.
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Y en este contexto es en el que se enmarcan las dos principales iniciativas del Botánico en lo que queda de legislatura. Por un lado, la rebaja del listón electoral que deja sin escaños a quienes obtengan menos de un 5% de representación: el caso de Unidas-Podemos.
De otro, el tan traído y llevado "requisito lingüístico" para los funcionarios, propuesta estrella de Compromís que está paralizada desde que se aprobó la Ley de la Función Pública en abril de 2021 sin concretar ese "requisito".
Ley Electoral
La reforma de la Ley Electoral, un compromiso del Botánico en las pasadas elecciones, rebajando el listón electoral del 5 al 3% pudo haberse logrado a principios de la legislatura. Cs estaba a favor, y su apoyo era imprescindible para conseguir los 66 votos necesarios para cambiar una norma de rango superior.
Pero Compromís y Podemos no querían que el PSPV se acercase a Cs, y se fue demorando sin sentido el acuerdo. Hasta que estalló la crisis en el seno de la formación de Inés Arrimadas. Cuatro diputados naranjas rompieron la disciplina y se pasaron al grupo mixto. Un quinto, Vicente Fernández, se les unió siete días después.
A partir de ahí, los números no dan. Y es ahora Unidas-Podemos quien peor puede pasarlo si como reflejaba la encuesta publicada este fin de semana no alcanza el 5% de los sufragios en las elecciones de mayo.
El 'requisito'
Con la probación de la Ley de Función Pública, se dejó en manos de una comisión establecer el nivel de valenciano que deben tener los funcionarios a partir de ahora y que se pedirá en las próximas convocatorias de oposiciones.
El rechazo de amplios sectores del funcionariado, en especial el sanitario en un momento en que hay déficit de médicos en la Comunidad como se ha demostrado en pandemia, no hace fácil el desarrollo normativo. Además, los grupos A de la Administración -los más preparados- alegan poco contacto con el administrado para tratar de evitar el requisito.
Compromís quiere que sea un requisito "duro" que necesite de la acreditación de niveles altos de conocimiento de la lengua. Los socialistas quieren rebajar esas pretensiones para no perder votos entre los sectores más moderados.
Así las cosas, la Ley de Acompañamiento de los presupuestos es la única opción que ven desde ambos partidos para poder alcanzar un compromiso por las dos partes. Y en eso es en lo que se están empleando actualmente.
