El Gobierno quiere "acabar con la infrafinanciación" de Alicante en año electoral tras dejarla a la cola del país

La Generalitat y el Gobierno de España quieren acabar con la infrafinanciación que sufre la provincia de Alicante, justo en año electoral (2023) y después de haberla dejado a la cola del país en inversión per cápita en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), con menos de 100 euros por habitante.

La noticia parte del director general de la Generalitat Relaciones con las Comunidades Autónomas, el valenciano Jorge Alarte, quien este viernes ha afirmado que el Ejecutivo autonómico trabajará con el Gobierno central para que los PGE "incluyan inversiones estratégicas para la Comunidad Valenciana". La Cámara de Comercio de Alicante estima en más de 2.600 millones de euros la infrafinanciación acumulada de la provincia. 

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Alicante ha sido, de hecho, la única zona de la Comunidad en la menos ha mejorado la inversión del Gobierno en los últimos PGE. La quinta provincia más poblada del país se quedó con apenas 183 millones, un 1,4% del total nacional y un 15 % del dinero destinado a toda la Comunidad Valenciana: 1.208,61 millones, lo que demuestra un nuevo desequilibrio territorial entre provincias (Alicante tiene el 36 % de la población autonómica). 

Estos datos suponen un descenso de casi el 40 % respecto al año anterior. Es más: en ningún ejercicio Alicante ha estado por encima de la media española de inversión por habitante, según el histórico analizado por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), y pese a apartar el 34,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana. Tanto el presidente de la Generalitat como Ximo Puig y el PSOE valenciano sacaron pecho por la "mejoría" de los datos de Valencia y Castellón en los PGE.

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En este sentido, Alarte asegura ahora que el objetivo es lograr que "estos PGE recojan actuaciones prioritarias y también elevar el nivel de ejecución de las inversiones que se presupuesten y acabar con la infrafinanciación de Alicante". La intención, añade, es, "reflejar, como mínimo, el peso del 10 %", para "adaptarse a la realidad de lo que representa la Comunidad Valenciana en términos económicos y sociales en el conjunto del Estado". 

El director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Representación Institucional, Jorge Alarte, eeste viernes.

El director general insiste en la importancia de establecer los mecanismos para hacer real ese porcentaje del 10 % de los PGE en su nivel de ejecución (se ha referido a la comisión de seguimiento creada para evaluar los proyectos de infraestructuras, por ejemplo), y, además, subraya que las cuentas estatales para 2023 deben incorporar "una visión especialmente prioritaria para las comarcas de Alicante". "Alicante tiene que ser una prioridad", remarca.

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En este sentido, reconoce que "existe una situación de desequilibrio en relación con Alicante, sus necesidades de infraestructuras, de equipamientos e inversiones, que tiene que ser corregida". Como ejemplo cita la necesidad de mejora de las comunicaciones de las áreas turísticas con el aeropuerto, así como a actuaciones en la Marina o en equipamientos importantes de la Vega Baja y de la propia ciudad de Alicante. 

"Respuesta inmediata" postincendios

Por otra parte, Alarte indica que Generalitat y Gobierno central "han vuelto a demostrar su capacidad de alineación, coordinación y actuación conjunta" no solo durante las labores de extinción de los grandes incendios que han afectado a la Comunidad Valenciana, sino en la "respuesta inmediata" posterior, y alude a la declaración de los municipios damnificados por los incendios de La Vall d’Ebo, Bejís, Les Useres, Venta del Moro, Petrer, Olocau y Calles como zonas afectadas por emergencias de protección civil.

El director general subraya que la Generalitat liderará las actuaciones para facilitar que las ayudas postincendios lleguen cuanto antes a la ciudadanía y a las instituciones.

Jorge Alarte recuerda también otros logros conseguidos gracias a la coordinación entre ambos gobiernos y que han permitido desbloquear infraestructuras como el canal de acceso ferroviario a la ciudad de Valencia o la nueva vía de comunicación hacia Morella, ambas reivindicaciones de hace décadas y que repercutirán en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.