La Audiencia de Alicante ha condenado a cinco personas vinculadas a un club cannábico localizado en la calle Segura de Alicante a dos años de prisión al considerar probado que utilizaban dicha asociación para distribuir marihuana y cannabis a terceros desde su propia sede social.
La sentencia asegura que los hechos tuvieron lugar en un momento anterior al 10 de julio de 2019, cuando los cinco encausados se dedicaron a la entrega y venta a terceros de diversas cantidades de marihuana y hachís a cambio de dinero, "valiéndose de la asociación como pantalla para dar apariencia de legalidad a la distribución de sustancias".
Se explica que en los estatutos de la asociación se hacía constar expresamente que el club no se dedicaba a "la promoción, favorecimiento y la facilitación del consumo de cannabis", pero que, tras un registro en abril de 2019, a varias personas que acababan de salir del local se les interceptaron distintas cantidades de cannabis.
Más tarde, tras recabar la preceptiva autorización judicial, los agentes practicaron el registro de la sede de la asociación, en la que localizaron 2.015 gramos de cannabis con pureza del 11,8 %, 117 gramos de resina de cannabis con pureza de 19,6 % y 16 gramos de resina de cannabis con pureza de 57,4 % destinados a su comercialización a terceros.
Además, los policías se incautaron de 3.205 euros y un registro con anotaciones manuscritas en el que figuraban invitaciones por un día.
Más de 11.000 euros en drogas
La sentencia añade que, según el informe de valoración económica aportado por la Policía, el valor de las sustancias intervenidas en el registro habría alcanzado un valor de 11.353 euros tras su distribución en el mercado ilícito.
Así, en último término, la sentencia impone al presidente de la asociación un año de prisión como responsable de un delito contra la salud pública y otros dos años de privación de libertad adicional por un delito de asociación ilícita.
Para los otros cuatro procesados, miembros de la junta directiva del club o simples afiliados, la sentencia establece una primera condena de un año de prisión por el delito de tráfico de drogas y otro año de internamiento por el delito de asociación ilícita.
Todo, tras aplicar a los cinco la atenuante de drogadicción, después de que todos ellos alcanzasen un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que asumieron la autoría de los hechos.
De igual modo, el tribunal concede la suspensión temporal de las penas al conjunto de los condenados con la condición de que no vuelvan a delinquir en el transcurso de los dos próximos años.