La Guardia Civil de Alicante, en el marco de la Operación Luneda, ha detenido a un empresario de 42 años y nacionalidad georgiana, acusado de un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. Se le imputan además los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y usurpación de estado civil. Un total de cuatro personas, de nacionalidad española, pakistaní y marroquí, jefes de cuadrilla y encargados de la empresa de trabajo temporal, han sido investigadas por los mismos delitos.

En el mes de octubre de 2021, el Equipo Roca de la Guardia Civil de Calpe, mientras realizaba su control habitual en el ámbito rural, tuvo conocimiento de que en una finca dedicada al cultivo y recolección de cítricos, se encontraban varias personas que afirmaban encontrarse en situación ilegal.

Tras la detección de la existencia de indicios de supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores con fines de explotación laboral, el Equipo de Policía Judicial de Jávea se hizo cargo de la dirección de las diligencias y comenzó una investigación por estos hechos.

Inspecciones "in situ"

Con el objetivo de garantizar los derechos laborales y sociales y realizar un control permanente del cumplimiento de las responsabilidades administrativas que exige la ley, agentes de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han llevado a cabo estos últimos meses diversas inspecciones a fincas agrícolas pertenecientes a las provincias de Alicante y Valencia, en concreto en Pego, Dénia, Lliria, Alzira y Carcaixent.

En dichas visitas, se comprobó cómo el empleo de mano de obra en situación irregular era una práctica habitual por parte de una empresa de trabajo temporal con sede social en Alzira. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los trabajadores no era objeto de conocimiento de los dueños de las fincas, tal y como se constató con posterioridad.

En los meses de noviembre y diciembre, se establecieron diversos operativos en los que participó el Equipo Roca de Calpe, el Equipo de Policía Judicial de Jávea y una patrulla del Puesto Principal de Carcaixent. En dichos dispositivos se logró identificar a 18 personas de diferente nacionalidad en situación irregular que tampoco habían sido dadas de alta en la Seguridad Social.

Además, tras las manifestaciones obtenidas por parte de los jornaleros, se confirmó que la empresa se prevalía de sus necesidades para también abonar un salario inferior que a los trabajadores en situación regular, así como una diferencia salarial en virtud de su país de origen.

Una vez que las investigaciones llegaron a su fin, el 1 de febrero se procedió a la entrada y registro en dos fincas agrícolas pertenecientes a las localidades de Carcaixent y Alzira. En el operativo, se intervinieron 12.600 euros en metálico, un vehículo de alta gama y documentación relevante de la empresa investigada.

El empresario, que ya había sido detenido con anterioridad por hechos similares, fue puesto junto a las diligencias instruidas a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Dénia, el cual decretó su libertad con cargos.