La puesta en marcha del pasaporte Covid en la Comunidad Valenciana ha reactivado el proceso de vacunación pero a un ritmo que, aunque supone un gran incremento respecto a las semanas anteriores, apenas varía el porcentaje de no vacunados en la región.
En total, y según los cálculos de la Conselleria de Sanidad, solo 12.291 personas han pasado entre el viernes y el miércoles por los puntos de vacunación móvil instalados por toda la geografía valenciana. De éstas, 5.959 han acudido para recibir su primera dosis. Se trata de apenas un 1,5% de los 400.000 personas que se han resistido hasta ahora a tener alguna protección contra la Covid.
En el punto de la Plaza Manises, en Valencia, por ejemplo, apenas un tercio de las 6.787 personas que han ido a vacunarse recibieron su primera dosis contra la Covid-19. Desde Presidencia se asegura que se han registrado "importantes colas" todos los días, recoge Efe.
Aún así, y con los datos en la mano, la variación en el porcentaje de personas sin ninguna vacuna contra la Covid ha variado de momento muy poco. En total hay en la Comunidad Valenciana unos 400.000 ciudadanos mayores de 12 años en esta situación, lo que supone aproximadamente un 10% de la población diana.
La interpretación es diferente si se toman como referencia las cifras de vacunación de las semanas anteriores, ya que sí es cierto que se ha notado un repunte por la necesidad de acreditar la pauta completa para adquirir el pasaporte Covid-19. Pero afecta a personas que tenían que recibir la segunda dosis y que, has ahora y por cualquier motivo, no habían podido inoculársela.
Una medida para los no vacunados
Desde el pasado sábado 4 de diciembre y durante 30 días naturales, es obligatorio disponer del llamado pasaporte Covid en la Comunidad Valenciana para acceder a locales de restauración y hostelería con aforos de más de 50 personas.
También es necesario para asistir a eventos y celebraciones de más 500 personas donde no siempre se pueda llevar la mascarilla, y para visitas a hospitales (cuando se permitan) y a residencias de servicios sociales tanto públicas como privadas.
Esta medida, que se ha puesto en marcha con el aval de la justicia en algunas comunidades autónomas mientras en otras (como País Vasco) se ha tumbado, se basa en la disposición de las personas sin protección a tener mayor carga viral y, por lo tanto, más posibilidades de contagiar. Se trata, además, de un instrumento restrictivo para tratar de que las personas sin vacunar cambien de parecer a las puertas de las fiestas navideñas.