El 28 de enero de 2020 se reunieron varios de los máximos representantes del Gobierno de la Generalitat Valenciana con sus homólogos de la Diputación de Alicante. Los primeros querían que la institución provincial se adheriese al Fondo de Cooperación Municipal detrayendo dinero de sus arcas (más de 13 millones) para financiar a la administración local, competencia de la Generalitat.
Los segundos pedían a cambio que la Generalitat asumiese el gasto de más de 12 millones anuales de los servicios de Salud Mental que asume la Diputación pese a ser competencia autonómica de la socialista Ana Barceló, como había ocurrido con Bienestar Social tras el acuerdo de Mónica Oltra con Mazón.
De aquella cita sólo quedó una foto, ningún acuerdo. El presidente de la Diputación de Alicante exigió al director general de Administración Local, Toni Such, que Ximo Puig retirase su propuesta de obligar por ley a la Diputación a entrar en los programas políticos autonómicos. No hubo respuesta.
Such ha sorprendido hoy a propios y extraños emplazando a la Diputación de Alicante que preside el popular Carlos Mazón a "poner una fecha" para reunirse y poder trabajar así "con la totalidad de las Administraciones públicas provinciales valencianas". 20 meses después, en pleno verano y sin intención ninguna de asumir en plena pandemia las competencias de Salud Mental.
Las intenciones de Such
El responsable de Administración Local ha destacado que, tras las reuniones con la Diputación de Castellón y la de Valencia (gobernadas por PSOE y Compromís), las tres administraciones se han comprometido a seguir colaborando en la aportación de fondos económicos para los ayuntamientos a través del Fondo de Cooperación Municipal.
"También se mantendrá la participación en el fondo de municipios turísticos y en el de despoblación", ha señalado Such, quien ha resaltado "la estrecha colaboración y el trabajo conjunto realizados en aras de establecer un sistema de financiación estable en los ayuntamientos" de la Comunidad Valenciana.
Según Such, estas comisiones bilaterales han servido "para poner encima de la mesa" cuestiones como la aportación de cada una de las instituciones a las ayudas de los planes Resistir y Paréntesis, puestos en marcha por la Generalitat para apoyar económicamente a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias por la COVID-19.
La respuesta del PP
El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Alicante, Adrián Ballester, ha contestado a Such que el presidente Carlos Mazón (PP), ha remitido "no una, sino varias cartas a Ximo Puig pidiéndole la convocatoria de la Comisión Bilateral". "Al Consell le llegan las prisas para la mesa bilateral después de paralizarla durante año y medio", ha añadido Ballester.
En estas misivas, el responsable provincial reclamaba "con urgencia y a la mayor brevedad posible" la celebración de este encuentro para tratar, entre otros aspectos, el ámbito competencial y funcional de las respectivas instituciones, un cometido prioritario a la hora de mejorar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y las entidades locales.
Por ello, Ballester ha insistido en que, desde entonces, "estamos deseando que se nos emplace a esta comisión, a la que acudiremos con la mejor de las predisposiciones y con la representación que ya se referenció en su día, para iniciar un marco permanente y estable de relaciones en aras de una mayor cohesión territorial".
Además, ha puntualizado al hilo de las manifestaciones de Toni Such, que "la Diputación de Alicante es la única que ha dado muestras de voluntad de diálogo, mientras que, por parte del Consell, solo se quiere imponer un Plan de Cooperación que perjudica a los ayuntamientos más pequeños y vulnera el principio de autonomía local".