Pedro Miguel Milla, durante 30 años abogado laboralista de UGT País Valenciano, ha denunciado al sindicato por mobbing tras su despido. En su demanda afirma que la motivación de su despido es “el simple trasfondo económico, que únicamente persigue abaratamiento de costes y la amortización de un puesto de trabajo sin coste alguno”.

Millá relata cómo el nuevo letrado que ha entrado en los servicios jurídicos del sindicato para suplirle no ha sido dado de alta como trabajador por cuenta ajena, pese a prestar sus servicios en “idénticas condiciones y las mismas dependencias” que el resto de los abogados del gabinete jurídico sindical. Lo que viene a ser un “falso autónomo”, una figura precisamente perseguida en el mundo empresarial por el sindicato. Trabaja en “régimen de arrendamiento de servicios”.

“La incorporación de otro letrado en otro régimen distinto al laboral y con diferentes condiciones retributivas es un evidente fraude de ley de la legislación social”, señala el abogado en su demanda contra la UGT.

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, el coordinador del Gabinete Jurídico del Sindicato, Carlos de Lanzas Sánchez, y la secretaria de Acción Sindical, Dolores Ruiz Ladrón de Guevara tendrán que comparecer ante el juez el 3 de septiembre en el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante.

Ismael Sáez niega la acusación de mobbing “eso es una tontería y lo veremos en el juzgado”, y añade que estamos ante un despido disciplinario. Sobre los nuevos abogados sin contrato asegura que no le consta.

Carga de trabajo

El denunciante trabaja a jornada completa para el sindicato pero sin dedicación exclusiva, como muchos de sus compañeros abogados, que tienen también despacho propio. Entre otras cosas, porque tienen que compartir entre los ocho letrados dos despachos en la sede del sindicato. En el contrato pone que con dedicación exclusiva, pero en el anexo se elimina esa cláusula.

También asegura que excede con creces el horario establecido de 35 horas semanales de trabajo en el estudio, redacción y presentación de todas las demandas judiciales asignadas, atención a los procedimientos, reclamaciones, alegaciones y acudir a los actos jurídicos y juicios que le correspondiesen.

El acoso

El 27 de octubre de 2020, en plena pandemia, el abogado fue despedido bajo la acusación de haber “representado y defendido a una empresa” en “la misma plaza (los juzgados de Alicante) que habitualmente frecuenta como letrado de UGT”.

El letrado, especialista en casos laborales, alega la “desproporcionalidad” de la medida disciplinaria porque la propia “UGT y su gabinete jurídico han intervenido en el ámbito extrajudicial e incluso judicial representando a empresas contra trabajadores en despidos o en negociaciones previas”.

También explica que además de no estar sujeto a “dedicación exclusiva”, la defensa de esa empresa no fue frente a sus trabajadores sino en un proceso sancionador meramente administrativo ante la Seguridad Social”.

Millá asegura que se trata de una estrategia premeditada para provocar su “cansancio, hastío, y en definitiva el abandono voluntario del puesto de trabajo, lo que conllevaría una amortización del trabajador gratuita para el sindicato, abstrayéndose de la dedicación de más de 30 años como abogado de la UGT”.

Así, se sucedieron las amonestaciones verbales y escritas, la última declarada injustificada por sentencia judicial. Otras veces sufrió cambios en los criterios de reparto de los asuntos a litigar o nuevas instrucciones a la hora de proceder e incluso cambios de horarios no consensuados con el trabajador en lo que califica “un clima de trabajo irrespirable”.

Segundo despido

Ante la escasa consistencia del primer despido, UGT formalizó un nuevo despido meses después. Uno de sus clientes en el sindicato, tras ser despedido, le pidió continuar con su causa laboral de forma privada y él se la pasó a su compañera de despacho particular.

Por otro lado, recuerda que los dirigentes del sindicato le “pusieron la cruz” cuando no quiso responsabilizarse de la negligencia del sindicato en la presentación, fuera de plazo, de un expediente ante el FOGASA. El coordinador le pidió que diese parte a su compañía aseguradora para eximir de responsabilidad a la entidad. Pero el abogado se negó, ya que esas tramitaciones no las hacen los letrados sino las administrativas del sindicato.

El coordinador respondió al escrito de rechazo de asunción de responsabilidades con la Elegía de Miguel Hernández a Ramón Sijé, algo que afectó al demandante por reconocer en los versos “a una persona muerta” como presagio de los que iba a suceder con su puesto de trabajo.

Pedro Miguel Milla pide 60.000 euros en concepto de indemnización por los graves daños físicos, psíquicos y morales como consecuencia de la persecución y los tratos vejatorios y discriminatorios a los que ha sido sometido por los dos dirigentes de UGT Alicante, así como vulneración de derecho al honor por la imagen degradante que se ha pretendido proyectar frente al resto de sus compañeros.