La política de restricciones derivadas de la situación sanitaria ha castigado con dureza a los sectores que más dependen de la movilidad, como el turismo. Esta industria constituye casi el 13% de la economía de la Comunidad Valenciana, y las patronales llevan meses reclamando un plan de rescate específico, tanto al Gobierno central como a la Generalitat.

El Ejecutivo valenciano ha puesto en marcha las ayudas del Plan Resistir, 400 millones de euros que se habrán repartido entre empresas y autónomos a finales de junio. Sin embargo, muchos particulares aseguran que se trata de un plan "ineficaz" y "que no tiene en cuenta las especificidades del turismo", por lo que "deja fuera a mucha gente por acumular deuda".

Esta es, según el presidente de la patronal de apartamentos turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, una de las paradojas del Plan Resistir: el no poder acceder a estas ayudas precisamente por la deuda que han acumulado las empresas para poder aguantar durante 14 meses de fuertes restricciones de movilidad.

Una de las condiciones para acceder a los préstamos bonificados del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) es recibir un aval de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), algo que "no puede ocurrir cuando tu situación está evidentemente distorsionada al tener un negocio sin casi actividad y has tenido que recurrir a préstamos para no cerrar".

Es por esto que Sotillos ha reclamado "ayudas a fondo perdido", porque las particularidades del sector turístico hacen prever una recuperación en V (aunque dependerá del factor movilidad) que permitirá "devolver los importes sin ningún problema en un plazo razonable". Su tesis, además, es que "a la Administración no le compensa dejar de ingresar los impuestos que genera la actividad de alojamiento cada año".

El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca, asegura que la hostelería está en una situación similar. "Conocemos muchos casos en los que se están denegando el acceso al IVF precisamente por los créditos que se han tenido que contratar a raíz de la situación de restricciones", agrega. 

Anca explica que "ellos mismos dijeron que no se iba a tener en cuenta os endeudamientos postcovid a la hora de acceder a esta financiación", pero luego "nada más lejos de la realidad".

Para el empresario, esa evaluación "de riesgo" que hace la SGR, y en la que se basa el Gobierno valenciano, "no es real, porque no se trata de que mi negocio presente riesgos debido a su viabilidad, sino que no puedo operar a pleno rendimiento por culpa de las restricciones que me han impuesto. Es eso lo que amenaza con no hacerlo viable". 

Estos testimonios concuerdan con la tesis de los hoteleros de Benidorm (Hosbec), cuyo presidente, Antoni Mayor, se reunió el pasado lunes con el conseller de Hacienda, Vicente Soler.

En el encuentro explicó que los establecimientos habían dejado de ingresar 1.000 millones en facturación, y que el esquema elaborado para dar las ayudas iba a acabar con subvenciones de poco más de 3.000 euros para empresas con pérdidas que superaban el millón de euros.

"Al final el problema es que no se tiene en cuenta las características concretas del sector turístico en un escenario donde ha sido el más perjudicado por las restricciones", reiteran fuentes de Hosbec. "Y en caso de perpetuarse esta situación, la viabilidad de muchas empresas estará en serio peligro", remataron.