La Guardia Civil continúa con la operación que ha puesto en jaque a Artur Mas y ha detenido a seis empresarios sospechosos de haber pagado comisiones ilegales a Convergència a cambio de contratos públicos así como al director general de la empresa pública de Infraestructuras catalana (Gisa), Rosell i Polo, por haber adjudicado a dedo.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la Guardia Civil ha llevado a cabo diez detenciones en total ordenadas por Anticorrupción, y ha procedido a registros de varias empresas públicas y privadas así como dos ayuntamientos, éstos ordenados por el juez de la localidad tarraconense del Vendrell. Las empresas puestas en el punto de mira son el Grupo Soler, con la detención de su consejero delegado Jordi Soler; Copisa, con el arresto de su consejero delegado, Xavier Tauler; y Urbaser, todas destacadas en Cataluña.
Entre las empresas públicas, además de Gisa, se está registrando el Consorcio de Educación, bajo la sospecha de que podrían haber concedido adjudicaciones a ciertas empresas a cambio de una comisión de un 3%. Los ayuntamientos investigados son el de Olot (Girona) y el de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ambas gobernadas por CDC. En este último municipio, una UTE creada para construir un centro cívico, y dominada por el Grupo Soler, donó a CatDem en julio de 2009 exactamente el 3% del importe de la licitación del centro cuatro meses antes.
Gisa, empresa pública dependiente de la Generalitat, es la encargada de gestionar gran parte de la obra pública en Cataluña. Hace cuatro años, la Guardia Civil ya entró en sus instalaciones para detener al gerente de Obras de Carreteras, Jordi Vergé, por una presunta adjudicación irregular de obra en la provincia de Gerona.
Tauler, un viejo conocido de la Justicia
Para los investigadores Copisa es de sobra conocida. Su consejero delegado, ahora detenido, está imputado en la Audiencia Nacional en el caso que se investiga al hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol. La constructora abonó a Jordi jr. 3,59 millones de euros entre 2008 y 2009 en comisiones, lo que la convierte en el principal pagador del primogénito del ex 'molt honarable'. El juez José de la Mata sostiene en su caso que la constructora Copisa pudo satisfacer comisiones y pagos ilegales a Pujol Ferrusola, “en contraprestación a gestiones realizadas por el investigado o su entorno más próximo para beneficiar a aquellas empresas”.
Según los indicios que constan en la investigación, las sociedades de Jordi Pujol jr. generaron desde 2004 “un patrimonio no irrelevante” que, en contra de lo apuntado por el responsable de la constructora en su declaración como imputado, no se debió a servicios de intermediación en la puesta en marcha de negocios, sino que “encubrirían comisiones” de, entre otros, el Grupo Copisa.
Xavier Tauler Ferre, CEO de Copisa, tras declarar por la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola.
El propio Tauler declaró en 2010 en la comisión de investigación abierta en el Parlament por el 'caso Palau', en el que admitió la fundación de CDC, Trias Fargas -antecesora de CatDem-, le sugirió las cantidades de dinero que le debía aportar en una donación. Así, consta que entre 2008 y 2013, Copisa habría donado a CatDem 580.000 euros.
Por su parte, el Grupo Soler es también una de las empresas más significativa en esta última operación por la financiación ilegal de CDC. En estos mismos cinco años, habría donado 539.000 euros. Hace dos años, fue el propio Artur Mas a celebrar el 60 aniversario del grupo. En su discurso, el presidente catalán puso al Grupo Soler “como ejemplo a continuar para levantar el país”. Ese mismo año, la empresa donaba a CatDem.