A Paco Simó le sorprendió el estruendo que escuchó en el cielo. Era el 17 de enero de 1966. El pescador se encontraba faenando cerca de la costa de Palomares (Almería) cuando, sin todavía saberlo, se había convertido en testigo del accidente de dos aviones norteamericanos. A bordo de uno de ellos se transportaban cuatro bombas nucleares y una de ellas cayó al mar. Estados Unidos desplegó un contingente compuesto por cientos de buceadores, buques y submarinos. El objetivo era hallar el artefacto y evitar que éste cayese en manos enemigas. Simó fue quien les dio las claves para encontrarla y, desde entonces, en su pueblo natal -Águilas- se le conoce como Paco el de la bomba.
El accidente, en el que murieron siete tripulantes de las aeronaves, supuso también una de las mayores tragedias ambientales en la historia de España. De las cuatro bombas, una cayó al mar y tres lo hicieron en tierra; dos de ellas se rompieron y esparcieron el material nuclear que contenían. Desde entonces, el Gobierno español ha mantenido negociaciones con Estados Unidos para acometer las labores de limpieza necesarias; conversaciones que este lunes, casi medio siglo después del accidente, se plasmaron en "una declaración de intenciones" sobre un "Programa de Remediación del entorno de Palomares", rubricado entre el ministro de Exteriores, García-Margallo, y el secretario de Estado de EEUU, John Kerry.
Las reivindicaciones ecologistas
“En los meses siguientes al accidente de 1966, el Departamento de Defensa estadounidense, cooperando plenamente con las autoridades españolas, restauró muchas de las zonas afectadas”, reza el documento que Kerry y Margallo firmaron en Madrid. Organizaciones como Ecologistas en Acción ponen en duda esta afirmación y consideran que entonces sólo se retiró una parte testimonial de la tierra afectada.
“Sólo se llevaron a Savannah River -Estados Unidos- un 3%, lo que se traduce en un total de 1.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, señaló la organización en julio de este año, en una denuncia contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por haber permitido la existencia de un “cementerio nuclear al aire libre” durante casi cincuenta años.
Desde Greenpeace exigen una investigación transparente acerca del alcance de la contaminación. “Lo que han firmado los gobiernos de España y EEUU parece un acuerdo de punto y final, y queremos saber las condiciones”, comenta Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de la ONG, a EL ESPAÑOL. “Existen unas zonas valladas, pero una valla no puede impedir el transporte eólico de la contaminación radiactiva -añade Montón-. La llamada zona 6 fue contaminada debido a este transporte, está en dirección noroeste del área en donde cayeron las bombas nucleares y su dispersión coincide con los vientos dominantes”.
El grado de contaminación de Palomares es objeto de controversia desde el primer momento en el que se produjo el accidente. El 8 de marzo de 1966, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, trató de desmentir las informaciones sobre radiactividad en la zona con un baño en las playas de Palomares. En el chapuzón también participó el embajador de EEUU en España, Angier Biddle Duke.
A pesar de esta imagen, los vecinos de la zona insistieron en sus quejas. En enero de 1967, medio centenar de agricultores se manifestó en Madrid exigiendo compensaciones por la contaminación del terreno. La aristócrata Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, que marchaba a la cabeza de la comitiva, fue detenida por la Guardia Civil y condenada a un año de prisión y el pago de 10.000 pesetas, acusada de manifestación ilegal. Finalmente, pasaría ocho meses en la cárcel de Alcalá de Henares, quedando libre tras la amnistía de 1969.
La sentencia con la que el Tribunal de Orden publicó condenó a Álvarez de Toledo.
Palomares, un laboratorio radiactivo
El 25 de febrero de 1966, España y Estados Unidos firmaron el acuerdo Hall-Otero, que tenía por objeto estudiar el alcance de la radiación sobre la zona. Desde entonces, y año tras año, vecinos de Palomares viajaban a la sede del CIEMAT, en Madrid, para someterse a diferentes chequeos médicos. En la rúbrica de este pacto, Washington asumía los costes de estos análisis.
Este acuerdo se mantuvo hasta 2010, cuando el Departamento de Energía estadounidense afirmó que su “obligación financiera” con este programa ya había concluido: “Seguiremos otorgando un apoyo técnico cuando sea necesario”, apuntó la institución en un comunicado.
Tras esta fecha, señala el Ministerio de Exteriores español, EEUU ha colaborado en la preparación de un “análisis ambiental” en las zonas contaminadas y en la “toma de muestras del entorno”. Además, indica el informe firmado por Kerry, el Gobierno norteamericano ha participado en “conversaciones sobre las zonas de rehabilitación, tratamiento de residuos, opciones de transporte y certificación de residuos para el posible depósito de las tierras contaminadas en una instalación situada en los Estados Unidos”.