Carlos Mazón, Óscar Puente y María José Catalá, el día del anuncio de la licitación de la ampliación norte.
El TSJ valenciano admite a trámite un recurso contra la ampliación norte del puerto
El TSJCV estima el recurso de la Comissió Ciutat Port y reclama el expediente administrativo a la Autoridad Portuaria.
27 febrero, 2024 01:10La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la Comissió Ciutat Port contra el acuerdo de la Autoridad Portuaria de València (APV) del 22 de diciembre de 2023 por el que se aprobó la convocatoria de la licitación de las obras de ampliación del muelle de contenedores por un importe de 660 millones de euros.
Así se desprende de la resolución, consultada por Europa Press, en la que el tribunal estima el recurso y reclama el expediente administrativo a la Autoridad Portuaria.
La plataforma ciudadana ha solicitado también la suspensión cautelar de la licitación de las obras argumentando que, de no hacerse así, se podría llegar a adjudicar unas obras cuyo proyecto está también recurrido y porque, además, se posibilitaría la adjudicación de un contrato que luego no pudiera iniciarse o ejecutarse y que hubiera que paralizar las obras, "situaciones que obligarían a abonar posibles indemnizaciones millonarias".
Al respecto, la Comissió Ciutat-Port ha indicado en un comunicado que, de llegar a iniciarse las obras y previendo que el proceso judicial pudiera dilatarse, "podrían provocarse daños irreversibles en las playas del Sur e, incluso, en el Parque Natural de la propia Albufera".
En este sentido ha argumentado la existencia de diversos informes científicos, como los del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València y el comité científico de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, que confirman que el fenómeno de regresión de playas --el mar cada vez más cercano al lago-- es efecto directo de las ampliaciones del puerto.
"La evidencia científica impone la aplicación de la suspensión cautelar interesada y frenar la política de hechos consumados en la que está inmersa la APV", han insistido desde la Comissió Ciutat-Port.
La APV tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para oponer sus argumentos frente a la petición de paralización cautelar de la licitación, antes de que resuelva finalmente el TSJCV.
