Lorenza, la guardesa que por fin podrá librarse de dos okupas gracias al Derecho Romano

Ubicada en el Poblado de Doña Blanca (El Puerto de Santa María), la finca rústica tiene 15 hectáreas de extensión. Es totalmente llana y está muy cerca de la torre y del castillo donde Pedro I El Cruel recluyó a su mujer, Blanca de Borbón, hasta que la mandó asesinar. La explotación ganadera, y las tierras, pertenecían, hasta esta misma semana, al Centro de Rehabilitación y Promoción Social de Cádiz, disuelto hace años y hoy solo existente a efectos jurídicos. Lorenza Cortés, la guardesa, ha reclamado la titularidad de la finca... para poder desalojar a dos familias okupas que, desde hace años hacen vida allí y no se quieren marchar. Esta semana la Justicia ha determinado que las tierras son suyas.

Miguel Pérez de Yrigoyen, abogado asignado por el turno de oficio ha apelado a una figura del Derecho Romano, la usucapión. La propiedad se ha allanado y Lorenza es ya, a todos los efectos, la titular. Ahora sí podrá expulsar a los dos vecinos indeseados.

Cuenta Lorenza, de 76 años, que su padre, Federico, entró como trabajador de la finca, una antigua vaquería, y al marcharse la anterior familia guardesa le ofrecieron el puesto y que viviera allí. Su padre dijo que sí. De aquello hace más de medio siglo. 

"Por aquel entonces las 15 hectáreas también se sembraban. Sobre todo de forraje para las vacas: alfalfa, trigo...", recuerda la mujer. Había decenas de vacas y el ordeñado era ya industrial. "Pero mi padre no tenía mucha idea y era mucho trabajo para él". Dado el carácter social de la explotación, y que su marido tenía secuelas físicas por haber sufrido poliomielitis de niño, "contrataron a mi marido, José Soto, como guardés".

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Han pasado 46 años de aquello, la vaquería hace más de 30 que dejó de funcionar, el Centro titular de la explotación ganadera se disolvió y de la familia de guardeses no se acordó nadie.

Lorenza acaba de dar por cumplido el deseo de su marido, fallecido en 2014: arreglar la situación de la finca, en la que viven dos okupas desde hace varios años. "Mi marido se murió con esa pena. Llevaba y traía papeles, habló con abogados... Yo ya me puedo morir tranquila".

La mujer recibe a EL ESPAÑOL con sonrisa temerosa, pues aún no acaba de creerse que el cambio de titularidad ya es firme: las 15 hectáreas son ahora suyas, y siendo la titular de las tierras, ya es posible desalojar a los que de manera ilegal están allí, uno de ellos, "bastante conflictivo". 

Lorenza, en el gallinero de la finca. L.G.

La familia es humilde, y la casa, tanto como ellos. Lorenza vive de la pensión de viudedad, unos 700 euros. Su hija Maribel es limpiadora. Con ellas vive el hijo de 8 años de Maribel, que va al colegio público del poblado. Ya no hay animales, a excepción de las gallinas ponedoras del gallinero y de tres perros que guardan la casa.

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En la finca se encuentran enclavadas diversas construcciones, como tres naves industriales y la vivienda donde Lorenza vive desde 1977. "El centro social se disolvió, y a nosotros nos dejaron al cuidado para que no se metiera nadie. Pero también nos dijeron que si alguien venía pidiendo ayuda, que lo ayudáramos. Y mi marido, sin estudios ni nada... pues eso".

Madre e hija sonríen en la puerta de la vivienda, tras conocer que la finca ya es suya. L.G.

'Eso' es un vecino que tenía ovejas y caballos y que le pidió a José hace 20 años que le dejara guardar los animales temporalmente. "Hoy ocupa una hectárea, que también siembran, se han construido una casa, y han dividido la parcela entre los 3 o 4 hijos que tenía el hombre, que ya ha fallecido". No obstante, "no dan problemas", explica la mujer.

'Eso' es también el otro okupa. Maribel, la hija de Lorenza, asiente. "Ese lleva ahí 15 años. Era amigo de la infancia de un hermano mío. Un día le pidió a mi padre que le dejara usar la nave pequeña porque lo habían desalojado de otra en la que guardaba maquinaria".

"Llegó llorando", rememora, "y pidió que se la dejara usar hasta que no le arreglaran su parcela". Lo que inmediatamente hizo el hombre fue pedir materiales de construcción al Ayuntamiento, que se los dio gratis, y construirse un corral para gallinas. A continuación, "vendió sus tierras y se quedó aquí".

Lorenza y su hija Maribel, delante de la vivienda y de las naves 'okupadas'. L.G.

Así, poco a poco se metió en la segunda nave, que tiene alquilada actualmente como carpintería, "y además se ha construido una vivienda". La construcción de este segundo okupa linda pared con la vivienda de los guardeses.

El hombre, que se comprometió a pagar la luz, dejó de pagarla hasta que en 2020 "la puso a su nombre con las escrituras de otra casa. El agua tampoco la pagaba: la pagó mi madre muchos años".

Cuando el marido de Lorenza falleció, la mujer se pasó 4 años viviendo sola. "Fue entonces cuando yo decido venirme a vivir con mi madre: porque en 2019, ese hombre lo había cogido todo: lo que nos dejó fue el terreno de la casa y el gallinero".

Los últimos años han vivido con inquietud. "Amargados totalmente. Nos corta la luz y el agua cada dos por tres. Nos echó pegamento mezclado con tierra en el candado de la puerta de entrada. Se nos han quemado varias veces los electrodomésticos, porque usa un generador para la luz que funciona día y noche y no nos deja dormir..." enumera Maribel. 

Los papeles

Por las buenas nunca se han querido ir. "'Dame papeles para poderme echar', nos decían cada vez que les recordábamos que entraron diciendo que era algo temporal y que se irían cuando encontraran otro sitio". La búsqueda de papeles fue en los que se centró Maribel cuando se fue a vivir con su madre.

El año pasado contactaron con un abogado para denunciar a los okupas y desalojarlos, pero no había nada que hacer porque la finca no era de Lorenza. Recurrieron entonces al turno de oficio y el caso recayó en manos del abogado Miguel Pérez de Yrigoyen, del despacho Yrigoyen Abogados. Porque para echar a los okupas, antes había que demandar a la propiedad para reclamarle la titularidad de la finca, y lo que era más complicado, obtenerla.

"El caso se ha resuelto en 10 meses", resume el letrado a EL ESPAÑOL. "Nos llegó en junio de 2022. Yo lo vi difícil al principio porque nos iba a costar trabajo demostrar que tenían derechos sobre el inmueble. No había ni contrato de arrendamiento ni nada. Estaban allí porque la fundación lo toleraba". 

El abogado Miguel Pérez de Yrigoyen, que ha trabajado por el turno de oficio, en su despacho. E.E.

No obstante, encontraron el despido de José cuando el Centro de Rehabilitación y Promoción Social de Cádiz cerró sus puertas. "En él venía la fecha en la que empezó a trabajar y a vivir allí". También acreditaron las escolarizaciones de los 4 hijos del matrimonio, los papeles que certificaban el empadronamiento de todos, los recibos de agua y luz de muchos años, los seguros, y el testimonio de un vecino del Poblado de Doña Blanca. "El único que no tuvo temor de ofrecerse a testificar", matiza Lorenza.

Pero al final, cuenta Pérez de Yrigoyen, "no hizo falta que testificara nadie porque la propiedad se ha allanado ante la demanda. Nosotros pensábamos que nos iban a decir que no, pero nos notificaron que la fundación no iba a discutir y que reconocía que Lorenza tenía derecho".

El caso de esta guardesa mezcla un fenómeno actual, el de la okupación, con algo tan antiguo como el Derecho Romano. El abogado invocó en la demanda al la prescripción adquisitiva o usucapión, que emana del latín usu capere, que significa coger por el uso. Ya en la Antigua Roma se establecía esta figura como un modo alternativo de adquisición de la propiedad, al entender que el uso continuado otorgaba autoridad sobre un bien.

Eso sí, ese uso continuado tiene que ser de forma pública, pacífica y no interrumpida en un plazo determinado. "Tras más de 40 años habitando en el mismo domicilio, no cabe duda de que esta posesión se ha hecho en concepto de dueño", explica el abogado.

El letrado se muestra muy orgulloso de haber podido ayudar a Lorenza. "Ha ocurrido en un momento en el que el turno de oficio está en huelga porque se trabaja mucho y se cobra muy poco. Un abogado de manera privada le habría llevado unos honorarios altos. Por eso quiero poner en valor la labor casi desinteresada del turno de oficio, porque los honorarios son ridículos". En concreto, 370 euros, repartidos en dos pagos.

Por eso, incide, "estoy satisfecho de haber podido ayudar a esta familia, que es humilde y de recursos limitados. Es un orgullo".