El ‘no pasarán’ de los padres de un colegio ilegal de Huesca: se encierran para que no les echen

Caneto es el vivo ejemplo de que la despoblación rural es reversible con voluntad política y esfuerzo ciudadano. En esta pequeña localidad del municipio de La Fueva, en el Sobrarbe de Huesca, viven 54 personas. 21 de ellas son niños, lo que convierte el territorio en uno de los que mayor ratio de natalidad tiene en relación con su número de habitantes, con casi un 40%. Un idílico paraíso rural cuyo colegio, no obstante, se ha convertido en la zona cero de una batalla que perturba la quietud de las montañas y los bosques.

Los dos contendientes enfrentados son la consejería de Educación del gobierno de Aragón, que pretende cerrar el centro docente de Caneto por no estar homologado, y la asociación O Chinebro que le da nombre, y que representa a los padres y madres. Ellos se niegan a abandonarlo e insisten en su 'no pasarán'.

Pero para comprender el germen del duelo hace falta remontarse a una década atrás, cuando Caneto era aún un pueblo en pleno proceso de desaparición. Entonces, un grupo de idealistas, impulsados por el afán de vivir la vida nómada, llegaron a este destino para repoblarlo. Todos eran jóvenes y muchos traían a cuestas a sus hijos. Entre ellos se encontraba Eduard Jubert, hoy representante de O Chinebro. Vino a crear un nuevo hogar en la montaña y decidió quedarse a toda costa con su familia.

Vista de un grupo de niños en la escuela de Caneto. Imagen cedida

"Cuando llegamos, llenamos de vida y de niños este lugar. Tuvimos la oportunidad de empezar un proyecto de cero. Reconstruimos las casas y creamos nuestra asociación cultural, que funciona como un AMPA de colegio. Un espacio para ayudarnos entre nosotros en el cuidado de los pequeños. Hicimos huertas, recuperamos los olivos, promovimos la idea de mantener vivas todas esas tradiciones y oficios del pasado sin dejar de vivir el momento actual", explica a EL ESPAÑOL.

El pueblo más cercano a Caneto es Tierrantona, donde se encuentra el colegio más grande de La Fueva, un centro en el que están escolarizados 13 municipios que suman 31 niños. ¿El problema? Está situado a 50 minutos de distancia conduciendo por un peligroso camino rural de gravilla. "Una pérdida de tiempo que pone en peligro a nuestros niños", explica Jubert.

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Los nuevos vecinos decidieron erigir entonces un centro educativo propio que cubriera la educación de los alumnos desde infantil hasta sexto de primaria y evitara así el gasto de tiempo y de dinero que suponía llevarlos a Tierrantona. Si hubiesen sido seis niños, no tendría sentido, pero con 21, algo debían hacer. Decididos a establecer su propio sistema educativo, los recién llegados levantaron varias casetas de madera, centros de operaciones de las clases, y montaron su propio sistema de enseñanza, que funcionó perfectamente durante cinco años con el visto bueno –o al menos sin el señalamiento– del gobierno aragonés.

Un vecino, profesor de primaria titulado, se convirtió en el primer docente, y los padres y madres lo apoyaron en algunas de las asignaturas en las que tenían algún tipo de conocimiento. "La mayoría tenemos estudios superiores, así que algo de experiencia hay". En el caso de Jubert, ser licenciado en Deporte lo convirtió en el candidato ideal para dar clases de Educación Física.

Vista de las tres construcciones de madera natural elaboradas para el centro educativo de Caneto. Imagen cedida

De vez en cuando, la consejería de Educación les cedía profesores. La Diputación Provincial de Huesca les ayudó a subvencionar la construcción del centro. Las instituciones pagaron internet. Y, sin embargo, con el cambio de color político tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que supuso la salida del socialista Javier Lambán en favor del Partido Popular de Jorge Azcón, el nuevo ejecutivo regional, a través de su consejería de Educación, decidió librar la batalla contra los padres y niños de Caneto. "En vez de buscar una solución, han venido a por nosotros para cubrir el expediente".

La ilegalidad del colegio de Caneto

Ciñéndose a la ley, el colegio de Caneto presenta numerosas irregularidades que no se ajustan a la normativa vigente. Primero, el centro no está inscrito en el Registro de Centros Docentes no universitarios de Aragón ni cumple con los requisitos que exige el Real Decreto 132/2010 para estar habilitado como espacio docente.

No tiene agua potable. Tampoco red eléctrica, ya que el pueblo se mantiene energéticamente mediante placas solares. En su interior hay una estufa de leña, no permitida en centros escolares. La consejería, además, asegura que está situado en un terreno no urbanizable que podría inundarse en caso de lluvia torrencial. Pero Jubert, representante de las familias de la localidad, niega este último apartado. 

Vista de la localidad de Caneto con las cabañas de la escuela O Chinebro en primera línea. Imagen cedida

"El terreno, es cierto, no está catalogado como urbanizable, pero tenemos un papel emitido y firmado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que está por encima de las cosas que dice el gobierno de Aragón porque viene directamente desde el MITECO, que dice que existe la potestad para autorizar el terreno para hacer una escuela. En ese informe se especifica que no está situado en un lugar inundable, como dice Educación. Tampoco tiene problemas de fuego, porque está protegido por el cordón del pueblo. Nada de esto tiene sentido. Claro que hay que hacer mejoras, y nosotros no nos cerramos a ello. Lo estamos deseando. Lo que no hay es voluntad política. Quieren echarnos sin ofrecernos alternativa, y no lo vamos a consentir".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento de la CHE y, efectivamente, el texto autoriza a la Asociación La Senda –la empresa que gestiona el pueblo– a construir tres espacios destinados a locales sociales y a actividades culturales educativas para niños y adultos, todas ellas edificadas con materiales naturales y reciclables, y cuya localización debe situarse sobre el terreno natural perteneciente a la parcela de referencia catastral en cuestión en la que se encuentra el colegio.

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"Las cosas se han hecho muy mal. Debieron pensarse que éramos una comuna de los años sesenta o unos antisistema. Desde el principio nos pareció un ataque de odio. Querían mandarnos a Tierrantona sin servicio de bus. Luego propusieron enviarnos uno. Que, por cierto, al año les cuesta 70.000 €, lo mismo que suman las reformas que necesitamos para legalizar la escuela. Les hemos dicho que ni se molesten. De aquí no nos vamos. No queremos poner en riesgo a los niños", asegura el vecino de Caneto.

"Todo el parlamento de las Cortes de Aragón se ha puesto en contra del PP", continúa Jubert al preguntarle qué le motiva exponerse a que Asuntos Sociales los ponga en el punto de mira en caso de no escolarizar de forma legal a sus hijos. "Hasta Vox está en contra porque se dieron cuenta de que nuestro ejemplo era una luz en el medio rural. Se han metido con un colectivo de gente que sólo quiere vivir en la naturaleza, ser autosuficiente, y que está formado por autónomos, empresarios y funcionarios. Se han equivocado. En vez de estar saliendo por la escuela, tendríamos que estar hablando de que la repoblación es posible".

Eduard Jubert es uno de los responsables de O Chinebro, la asociación cultural que gestiona el colegio de Caneto. Imagen cedida

El representante de O Chinebro explica que la anterior ejecutiva fue a Caneto para estudiar la posible homologación del colegio. Vieron la situación y, aunque no le dieron luz verde, descartaron trasladar a los niños al colegio de Tierrantona tanto por la peligrosidad que suponía el viaje en carretera como por el deterioro de la calidad de vida que suponía perder casi dos horas al día para los menores y sus padres. Al nuevo ejecutivo, no obstante, "le da igual, porque van de ultra legalistas, pero son políticos, y los políticos no están sólo para seguir la ley, sino para hacer política, llegar a soluciones". 

"Lo que se necesita es voluntad. Cuando tienes un problema así, te pones en contacto con el ayuntamiento, con las familias. Si hay un expediente, te preguntas: ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos arreglarlo? Ellos dicen que las casetas no cumplen con la normativa que marca la ley para ser una escuela homologada. No hay problema. No le vamos a discutir a un arquitecto si el baño tiene que tener 4 metros cuadrados o 2. ¿Hay que arreglarlo? ¡Que lo muevan! ¡Si no hay ningún problema y estamos dispuestos a todo! Pero de ahí a decir que esto es peligroso y que hay que cerrarlo automáticamente... hay una diferencia. A todo el mundo que pasa por aquí le parece surrealista que quieran acabar con el colegio".

Finalmente, Jubert asegura que todos los padres están de acuerdo en mantener su rebelión contra el gobierno de Aragón y prevé que, antes o después, los políticos encuentren una solución intermedia. Sin embargo, lamenta, al haberse decretado el cierre, el ayuntamiento ya no puede mantener económicamente su parte del proyecto. "Vamos a sacar un crowdfunding. Y, si finalmente vamos a juicio, necesitaremos fondos. ¿Lo bueno? Que todo el mundo nos apoya. Hasta Justicia de Aragón. La respuesta social está siendo enorme y ya hay muchos voluntarios, por ejemplo, maestros titulados, que quieren venir a echarnos una mano con las clases. Somos un símbolo de la lucha por los derechos rurales".