En el corazón de esta tormenta perfecta se encuentra la Política Agraria Común (PAC), cuya burocracia asfixiante ha convertido lo que debería ser un apoyo en un laberinto administrativo. La PAC, ideada para proteger y fomentar la agricultura, se ha tornado en un obstáculo, complicando más que facilitando la vida de quienes trabajan la tierra.

La situación se agrava con una serie de desafíos ambientales y económicos. Una sequía implacable ha mermado las cosechas, llevando a los agricultores a un estado de desesperación. Paralelamente, los costes de producción han escalado a niveles insostenibles. Sirva como ejemplo el del limón fino: mientras el productor recibe apenas 0,17 euros por kilogramo, el coste de producción oscila entre 0,25 y 0,30 euros, y el precio final en supermercados alcanza los 1,66 euros. Esta disparidad entre el costo y el precio de venta refleja una cadena de valor rota, donde el eslabón más débil es siempre el agricultor.

Los incrementos en el coste del agua, en la mano de obra, en las semillas o en los insumos, exacerbados por la pandemia y el conflicto en Ucrania, suman presión a un sector ya agobiado. La reforma laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque pudieran estar bienintencionados en su esencia, han resultado en un aumento significativo de los costes laborales, sin una compensación o apoyo paralelo para los empresarios agrícolas.

En este escenario, la competencia desleal de países terceros, favorecida por acuerdos comerciales de la UE, emerge como un desafío adicional. Países como Marruecos, Egipto y Sudáfrica, no sujetos a las mismas restricciones que los productores europeos, inundan el mercado con productos a precios considerablemente más bajos. Esto no solo es una competencia desleal, sino que también plantea interrogantes sobre la igualdad de condiciones en el mercado común europeo.

La PAC, ideada para proteger y fomentar la agricultura, se ha tornado en un obstáculo

Otra de las amenazas que se cierne sobre el campo español y europeo es el acuerdo de Mercosur. Este pacto comercial, que se discute en un momento de ya considerable tensión para el sector, es percibido como una posible sentencia de muerte para numerosos pequeños y medianos productores. Los agricultores españoles y europeos, que ya luchan contra el incremento de los costes de producción, la burocracia excesiva y la competencia desleal de terceros países, ven en este acuerdo un desafío adicional que podría desestabilizar aún más la frágil economía del sector.

Ante este panorama, el sector agrícola español ha llegado a un punto de inflexión. La frustración y el hartazgo se han convertido en el pan de cada día, desembocando en un clima de movilización y protesta. Los agricultores y ganaderos no buscan un trato preferencial, sino simplemente equitativo y justo. Reclaman una revisión de políticas que contemple las realidades del campo, apoyo fiscal y medidas que aseguren la autosuficiencia alimentaria y precios justos.

Las movilizaciones previstas en los próximos días son un claro indicador del malestar que recorre el campo español y europeo. No se trata de un capricho ni de un acto impulsivo, sino de una respuesta medida y necesaria ante una situación insostenible. Los agricultores y ganaderos se ven forzados a alzar la voz en busca de soluciones reales y efectivas.

La crisis del campo español no es solo un asunto de los agricultores; afecta a toda la sociedad. Es imperativo que los dirigentes políticos aborden esta situación con la seriedad y responsabilidad que merece, entendiendo que la sostenibilidad de nuestra agricultura es fundamental para el bienestar de la nación. La voz del campo, ese eco de necesidad y determinación, merece ser escuchada y atendida. El futuro de nuestra agricultura, y con ella el de nuestra sociedad, depende de ello.

***  Pedro Barato Triguero es presidente de Asaja.