El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió elevar en 0,25 puntos sus tipos de intervención, situando las tasas de interés en el 4,25%, el mayor nivel alcanzado por ellas desde 2011. Ha optado por acentuar su política monetaria restrictiva.
Si bien la mayoría de los analistas considera que se trata de la última subida de tipos, el BCE ha dejado patente que ello dependerá de la evolución de la inflación, que todavía permanece muy lejos de su objetivo, el 2%. Sus previsiones sobre la trayectoria del nivel general de precios en la zona euro son un 5,6% en 2023, un 3,2% en 2024 y un 2,1% en 2025.
La lucha contra la inflación, objetivo único del BCE, prima sobre el impacto de la restricción monetaria sobre la actividad económica. Esto se traduce en un crecimiento débil en 2023, del 0,7%; en 2024, del 1%, y en 2025, del 1,5%.
A pesar de las críticas planteadas desde algunos ámbitos, esa estrategia es correcta. No hay una relación de intercambio estable entre inflación y crecimiento y para hacer posible la recuperación de la economía es básico aniquilar cualquier expectativa de tolerancia a una tendencia alcista de las tensiones inflacionistas.
Dicho esto, el comportamiento del PIB puede ser peor que el proyectado por el BCE. El contemplar la potencial evolución del nivel general de precios en función sólo de las tasas de interés olvida el comportamiento de los agregados monetarios amplio, la M3, que en los últimos tres meses a tasas anualizadas ha registrado una contracción del 1,1%.
A pesar de las críticas planteadas desde algunos ámbitos, esa estrategia es correcta
Si esta dinámica contractiva persiste o se acentúa, sus efectos negativos sobre la demanda agregada en el conjunto de la eurozona serán más intensos que los previstos por el BCE.
Ese escenario cobra mayor consistencia al observar que la desaceleración de la M3 se está materializando a través de uno de sus componentes, el crédito al sector privado. No sólo este se ha encarecido, sino que se ha vuelto más escaso.
Esto augura o permite intuir que la desaceleración del consumo y de la inversión en la zona euro es probable que sea más aguda que la anunciada. Fijarse sólo en la evolución del IPC de un mes o de un trimestre supone olvidar los retardos con los que la economía absorbe o incorpora todos sus efectos.
En el caso de España, el endurecimiento de la política monetaria europea aún no se ha manifestado en toda su plenitud. Es necesario que transcurran entre 12 y 18 meses para que ello ocurra desde que se produce un aumento de tipos. Esto significa que el impacto más negativo sobre el consumo y la inversión se materializará a finales de este año y persistirá a lo largo de 2024.
El stock de crédito a las empresas y a los hogares tiene signo negativo y creciente desde el primer trimestre de 2023 y la aportación española a la M3 de la eurozona prácticamente no aumenta, 0,1%, y presenta claras perspectivas de contraerse en el horizonte del corto plazo.
Si bien un escenario de restricción monetaria golpea a cualquier economía, lo hace con mayor potencia sobre aquellas en las cuales los hogares tienen altas tasas de endeudamiento y bajas tasas de ahorro y donde las empresas tienen más dependencia de la financiación bancaria.
En el caso de España, el endurecimiento de la política monetaria europea aún no se ha manifestado en toda su plenitud
Esto conduce de manera inexorable a: primero, acentuar el proceso de desapalancamiento; segundo, a consumir e invertir menos. Esos dos movimientos se han registrado a lo largo de 2023 y proseguirán en 2024 como consecuencia de los comentados retardos de la política monetaria sobre la economía real.
Esa restricción monetaria en curso se produce, además, en un contexto en el que junto al binomio bajo ahorro-alta deuda de los hogares, el poder adquisitivo de estos se ha reducido de manera sustancial y las perspectivas de empleo no son nada positivas a la vista de cómo se están comportando los principales indicadores del mercado laboral a pesar de la obscena alquimia estadística realizada en los laboratorios del Ministerio dirigido por la señora Díaz, denunciada una y otra vez no sólo por los heréticos economistas de la oposición, sino por la propia Comisión Europea.
En el frente inflacionario, el panorama tenderá a mejorar. El nivel general de precios, incluida la inflación subyacente, mantendrá una tendencia declinante, provocada no por lo hecho por este Gobierno, sino por la política desplegada por el BCE. Esto es básico recordarlo cuando el gabinete social-comunista asigna a sus medidas el ser la causa eficiente o determinante de la desaceleración del IPC general.
En cualquier caso, la caída de este, estimulada por los cambios introducidos en la cesta de bienes y servicios del IPC, no parece haber tenido incidencia sustancial sobre la inflación estructural, esto es, la subyacente.
Lo que está ocurriendo en la zona euro y, por añadidura, en España es una nueva manifestación de que sólo la política monetaria es capaz de combatir una dinámica inflacionaria lo que, a sensu contrario, es la demostración de que también sólo ella puede crearla.
Al keynesianismo cañí profesado por algunos/muchos profesionales de la ciencia lúgubre habría que recordarles las palabras de Samuelson, pontífice supremo keynesiano de la postguerra, en la entrevista que concedió a John Cassidy, del New Yorker, el 14 de diciembre de 2009: "Hoy hay nada en la economía keynesiana que permita resolver la estanflación".