Fue una polvareda que ya se levantó hace unos años en Cataluña que emerge de nuevo con Ferrovial, quien revive una absurda polémica con reacciones que demuestran una preocupante dosis de ignorancia y populismo chabacano.

La presencia de una empresa de gran tamaño en un país no es testimonial. Además de las implicaciones societarias e impositivas, es cierto que se genera un vínculo en muchos casos que va más allá de lo económico. Tradicionalmente se define a la nacionalidad como la pertenencia al pueblo constitutivo de un Estado.

"La nacionalidad implica pertenencia a una comunidad geográfica, afectiva y cultural, lo cual no puede trasladarse del mismo modo a las sociedades"

Sin embargo, la atribución de una nacionalidad parece ser materia exclusiva de las personas físicas. La nacionalidad implica pertenencia a una comunidad geográfica, afectiva y cultural, lo cual no puede trasladarse del mismo modo a las sociedades.

Así pues, y lo expreso con todas las reservas necesarias, parece evidente que una empresa que está sujeta a las leyes de un Estado no implica que tenga que adoptar necesariamente su nacionalidad por la ubicación de su sede.

¿Es Ferrovial española? 

La respuesta más primaria es que sí. De la misma manera que responderíamos a la pregunta de si Coca Cola es americana o Alibaba china. Pero, ¿qué ocurre cuando la implantación es global hasta tal punto que los ingresos e impuestos del “país de origen” representan una mínima fracción? ¿Adopta una petrolera una nacionalidad por el hecho de tener su sede a 10.000 kilómetros de donde basa su actividad o le corresponde la del país en el que tiene su base de operaciones?

Ferrovial no se va del país, simplemente adopta un cambio jurídico bajo la premisa elemental de que es una decisión soberana en el beneficio exclusivo de sus accionistas, a quien de verdad tiene que dar explicaciones pues en última instancia son los que aprueban o deniegan sus decisiones.

Da igual que esto esconda una eventual fusión o una operación corporativa de importancia. Para mí, el motivo que subyace es claro: en España hay inseguridad jurídica y una clara falta de compromiso político. El mejor ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con los bancos y con las compañías energéticas.

Lo que el gobierno no puede pretender es que las empresas españolas vengan a invertir a nuestro país, pero las españolas no hagan lo recíproco. Y esa decisión engloba todas las opciones, incluida la ubicación de su sede social.

"Para mí, el motivo que subyace es claro: en España hay inseguridad jurídica y una clara falta de compromiso político"

El disparate de declaraciones de Calviño o Diaz pone de manifiesto, una vez más, cuan peligrosa es la ignorancia. Amenazar con “tener que devolver” lo obtenido en concursos públicos legalmente ganados o acusar de “haberse beneficiado de licitaciones” en nuestro territorio, es tan grave que quizás habría que preguntarse si tienen algo que declarar en cuanto a su otorgamiento. Y este partido sabe mucho de corrupción.

Si la cuestión son los dividendos, quizás habría que preguntarse por la imposibilidad manifiesta de llegar a acuerdos de armonización fiscal en Europa. Si no se consigue es porque no se quiere o porque hay una traba legal. En cualquiera de los dos casos, es legítimo que un ciudadano o empresa se ubique donde mejor tributación obtenga porque para eso la unión europea se creó, para facilitar la libertad de movimiento y de capitales.

Si el Gobierno va a investigar la legalidad de la decisión de Ferrovial, no estaría de más que la propia Ferrovial analizase el calibre de las amenazas y las acusaciones injuriosas vertidas hacia sus directivos y accionistas. Lo que es claro es que no va a ser la única empresa que tome esta decisión si en los próximos cuatros años, determinados sujetos, siguen al mando de España.